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La Constitución Política de Colombia guarda una particularidad que pocos conocen. En su articulado, el país no solo reclama soberanía sobre su territorio continental y marítimo, sino también sobre una porción del espacio ultraterrestre. Se trata de un hecho jurídico que, aunque parece sacado de una novela de ciencia ficción, tiene profundas implicaciones en la realidad actual.
Este reclamo constitucional cobra especial relevancia en la era de las constelaciones de satélites. Empresas como Starlink, propiedad de Elon Musk, operan en la órbita geoestacionaria y en órbitas bajas, justo en el espacio que la Carta Política colombiana considera como propio. La tensión entre la soberanía nacional y el derecho internacional espacial está servida.
La Constitución colombiana reclama soberanía sobre la órbita geoestacionaria
El fundamento de esta reivindicación se encuentra en el artículo 101 de la Constitución Política de Colombia. El texto es claro al establecer que forman parte del territorio nacional, además del suelo y el mar, “el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa”. Esta disposición convierte a Colombia en uno de los pocos países del mundo que, a nivel constitucional, reclama como propio un área del espacio exterior.
Este planteamiento no es nuevo. Tiene su origen en la Declaración de Bogotá de 1976, un documento firmado por ocho países ecuatoriales, entre ellos Colombia. En esa declaración, las naciones ubicadas sobre la línea del ecuador reclamaron soberanía sobre los segmentos de la órbita geoestacionaria ubicados directamente sobre sus territorios. La intención era evitar que las potencias espaciales acapararan un recurso limitado y estratégico sin ningún tipo de contraprestación para los países sobre los que orbitan los satélites.
¿Qué implica el artículo 101 para empresas como Starlink de Elon Musk?
La reivindicación constitucional de Colombia sobre el espacio podría afectar las operaciones de empresas satelitales como Starlink. La órbita geoestacionaria, ubicada a unos 35.786 kilómetros de altura, es un recurso finito y muy codiciado. Los satélites de comunicaciones, televisión e internet se ubican en esta posición para permanecer fijos sobre un punto de la Tierra.
El problema jurídico surge porque el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, del cual Colombia es parte, prohíbe la apropiación nacional del espacio exterior por cualquier medio. Sin embargo, la Corte Constitucional colombiana ha emitido sentencias, como la C-278/04 y la C-206/22, en las que considera que la inclusión de la órbita en el artículo 101 no es incompatible con el derecho internacional. Para el alto tribunal, esta norma permite a Colombia ejercer sus derechos de exploración y utilización del espacio y evita que otros Estados se apropien de dicho recurso.
La tensión entre la Constitución y los gigantes tecnológicos
La llegada de Starlink a Colombia, autorizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desde 2022, ha puesto este debate sobre la mesa. La empresa de Elon Musk opera una constelación de miles de satélites en órbita baja, pero también tiene intereses en la órbita geoestacionaria para otros servicios.
El choque es evidente. Mientras la Constitución dice que ese espacio es parte del territorio nacional, el derecho internacional y la práctica comercial lo tratan como un bien común. Esta tensión tiene implicaciones prácticas. Desde una perspectiva tributaria, si se interpreta que el satélite opera en territorio colombiano, los servicios que presta podrían estar sujetos al pago de IVA e impuesto de renta en el país.
Esta interpretación, sin embargo, es controvertida. Expertos en derecho espacial señalan que aplicar una lectura literal del artículo 101 podría generar inseguridad jurídica para los operadores extranjeros y ahuyentar la inversión en el sector. Colombia, que ha ratificado el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre con una aclaración sobre su postura constitucional, se mueve en una delgada línea entre su soberanía declarada y las reglas del juego internacional.