En esta noticia
El Consejo de Estado falló a favor del personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, y determinó que las declaraciones emitidas en abril de 2025 por el presidente colombiano Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, no estaban respaldadas por evidencias que permitieran sostener las imputaciones en su contra. Las acusaciones señalaban que el funcionario tendría supuestas cercanías con el ELN.
La tutela presentada por Bohórquez en julio de ese año denunció que los señalamientos oficiales vulneraron sus derechos a la vida, la seguridad, la honra y el buen nombre. El alto tribunal coincidió en que sus declaraciones incrementaron el riesgo para el funcionario, especialmente por la presencia de grupos armados en la región del Catatumbo.
El fallo también ordenó lineamientos estrictos sobre cómo deben llevarse a cabo las rectificaciones y solicitó revisar de manera urgente el esquema de protección del personero por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Órdenes concretas para Petro y Benedetti
De acuerdo con lo citado por Infobae, el Consejo de Estado dispuso que el presidente Petro haga la rectificación durante la primera alocución oficial que realice después de ser notificado. En el caso de Benedetti, el tribunal ordenó que publique la rectificación en su cuenta de X dentro de los siguientes cinco días, la mantenga visible durante tres meses y etiquetando al personero, siguiendo criterios de veracidad y precisión.
El alto tribunal agregó que, si no existen pruebas que sustenten las imputaciones, las autoridades deben aclararlo expresamente para restablecer el buen nombre de Bohórquez.
¿Cuál fue el problema inicial?
La controversia se originó en abril de 2025, cuando el ministro Benedetti cuestionó públicamente al personero por no apoyar la declaratoria de conmoción interior en Norte de Santander y en varios municipios de la región. Desde su cuenta de X, lanzó el mensaje: “Quien diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”.
Ante ese señalamiento, Bohórquez reiteró que su labor se centra en la defensa de los derechos humanos y advirtió sobre el impacto que tienen este tipo de acusaciones en un territorio marcado por la violencia.
“Señor ministro del Interior, mi misión siempre será proteger los derechos humanos. Sus señalamientos son infundados y peligrosos, ponen en riesgo mi vida en un territorio como el Catatumbo”, manifestó. Y agregó, en otra publicación: “Presidente @petrogustavo, la @UNPColombia debe tomar atenta nota de este grave señalamiento”.
Las denuncias del personero tras el señalamiento
De acuerdo con Bohórquez, después de los comentarios de Petro y Benedetti comenzaron a llegarle mensajes intimidatorios que hacían alusión a posibles atentados y comparaciones con ataques previos contra otros servidores públicos, como el de Miguel Uribe Turbay.
El funcionario aseguró que su trabajo en el Catatumbo ya lo sitúa en un contexto de alto riesgo por la presencia del ELN y de disidencias de las Farc, por lo que los señalamientos oficiales agravaron su vulnerabilidad.
Tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría advirtieron que declaraciones de altos funcionarios pueden tener consecuencias directas sobre la seguridad de líderes locales que operan en zonas de conflicto. Por esta razón, el Consejo de Estado ordenó a la UNP realizar un nuevo estudio técnico de riesgo en un plazo máximo de 20 días.
