En esta noticia
- ¿Qué está analizando la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica?
- ¿Por qué el magistrado Carlos Camargo podría proponer tumbar el decreto?
- ¿Cómo influye la votación de la Sala Plena en la decisión final?
- ¿Cuándo se conocería la decisión definitiva sobre la emergencia económica?
- Paloma Valencia pidió a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica
La Corte Constitucional de Colombia inició esta semana una de las discusiones más sensibles del año, al comenzar el análisis del decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. La decisión que adopte el alto tribunal podría marcar el rumbo de la política fiscal y económica del país en los próximos meses.
El decreto fue diseñado para permitir al Ejecutivo recaudar cerca de 16 billones de pesos con el objetivo de enfrentar el déficit fiscal. Sin embargo, su legalidad depende de que la Corte determine si realmente existieron las condiciones extraordinarias que exige la Constitución para declarar una emergencia de este tipo.
En este contexto, el magistrado Carlos Camargo fue designado como ponente del caso, lo que lo convierte en una figura clave en la definición de si el decreto puede seguir vigente o si debe ser suspendido mientras se adopta una decisión de fondo.
¿Qué está analizando la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica?
El magistrado Carlos Camargo se encuentra evaluando las pruebas y argumentos presentados por el Gobierno para sustentar la declaratoria de emergencia económica. El punto central del análisis es determinar si existió un “hecho sobreviviente”, es decir, una situación imprevisible, excepcional y grave que justifique el uso de esta herramienta constitucional.
Según el debate jurídico que se abrió en la Corte, la caída de una reforma tributaria en el Congreso no constituiría, por sí sola, un hecho sobreviniente, ya que no se trata de una catástrofe natural, una tragedia ni un evento imprevisto. Bajo esa lectura, el decreto podría ser considerado inconstitucional.
¿Por qué el magistrado Carlos Camargo podría proponer tumbar el decreto?
Las primeras señales del análisis indican que el magistrado Camargo podría proyectar una ponencia negativa para el Gobierno. El argumento principal es que la falta de aprobación de una reforma en el Congreso hace parte del funcionamiento normal del sistema democrático y no cumple con los criterios de excepcionalidad exigidos por la Constitución.
Si esa interpretación se mantiene, la ponencia propondría tumbar el decreto de emergencia económica, lo que dejaría sin piso jurídico las medidas adoptadas para recaudar los 16 billones de pesos que el Ejecutivo esperaba obtener para cubrir el déficit fiscal.
¿Cómo influye la votación de la Sala Plena en la decisión final?
Aunque la ponencia del magistrado Camargo es determinante, la decisión final depende de la Sala Plena de la Corte Constitucional, donde todos los magistrados votan. En este escenario, el Gobierno contaría con tres votos fijos, lo que obliga a buscar apoyos adicionales para mantener vigente el decreto.
Magistrados como Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel aparecen como figuras clave para inclinar la balanza. Si respaldan la ponencia que propone tumbar el decreto, el Gobierno perdería una de sus principales herramientas para enfrentar el desbalance fiscal.
¿Cuándo se conocería la decisión definitiva sobre la emergencia económica?
Debido a que los términos de este tipo de procesos se reducen a una tercera parte, la Corte tendría que adoptar una decisión a más tardar en marzo. Mientras tanto, Camargo continúa recopilando pruebas y estructurando su proyecto de fallo.
Hasta que la Sala Plena se pronuncie, el país permanece en un escenario de incertidumbre jurídica y económica, en el que el futuro del decreto de emergencia y de las medidas fiscales del Gobierno depende de lo que resuelva el alto tribunal.
Paloma Valencia pidió a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica
La candidata presidencial del Centro Democrático y senadora Paloma Valencia radicó ante la Corte Constitucional una solicitud formal para que se suspendan de manera provisional los efectos del Decreto Legislativo 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.
En su escrito, la dirigente sostuvo que la medida es “abiertamente inconstitucional” y pidió que se adopte una cautelar para evitar que el Ejecutivo avance mientras el alto tribunal analiza el fondo del caso.
Valencia argumentó que no se cumplen los requisitos exigidos por la Constitución para decretar una emergencia económica, ya que, según expuso, el simple hecho de que el Congreso haya rechazado un proyecto de ley no configura una crisis que habilite al Gobierno a legislar por decreto.
En ese sentido, sostuvo que el decreto no satisface los presupuestos fácticos, valorativos ni de suficiencia, y que además vulnera principios como la finalidad, la necesidad, la proporcionalidad, la legalidad y la no discriminación.
En el documento también solicitó que, una vez estudiado el caso, la Corte declare la inexequibilidad total del decreto por violar varios artículos de la Constitución, entre ellos los que regulan la separación de poderes y los estados de excepción. La petición fue dirigida al magistrado Carlos Camargo, quien actuará como ponente del proceso una vez concluido el periodo de vacancia judicial.
