En esta noticia
- ¿Qué propone el proyecto del Gobierno que pondría en jaque a Uber, Didi y Yango en Colombia?
- ¿Por qué el Gobierno retiró el proyecto que afectaba a las aplicaciones de transporte?
- ¿Qué sanciones enfrentaban conductores y usuarios de apps según el proyecto?
- ¿Las plataformas de movilidad quedarían prohibidas en Colombia?
- ¿Qué viene ahora con el proyecto de ley sobre apps de transporte?
El Ejecutivo dejó listo un proyecto de ley que, en su versión inicial, abría la puerta a la eliminación de las aplicaciones de transporte en Colombia al endurecer de forma drástica las sanciones contra conductores, usuarios y plataformas digitales como Uber, Didi, Yango y Cabify.
Aunque la Casa de Nariño decidió retirar temporalmente el texto del Congreso para ajustarlo, el episodio desató una tormenta política, jurídica y económica que vuelve a poner en el centro el futuro de la movilidad digital en el país.
La iniciativa, estructurada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, buscaba actualizar el régimen sancionatorio del sector y combatir el transporte informal. Sin embargo, su redacción fue interpretada por amplios sectores como una ofensiva directa contra el uso de aplicaciones, al tratar los viajes en vehículos particulares intermediados por tecnología como una actividad ilegal sujeta a castigos severos.
¿Qué propone el proyecto del Gobierno que pondría en jaque a Uber, Didi y Yango en Colombia?
El corazón del proyecto estaba en redefinir qué se entiende por transporte ilegal. Bajo esa nueva definición, los viajes solicitados a través de apps con carros particulares quedaban equiparados a una prestación no autorizada del servicio público, lo que activaba automáticamente un paquete de sanciones administrativas.
En la práctica, esto significaba que un conductor que hiciera un recorrido por una aplicación podía ser multado e inmovilizado, y que el usuario que solicitara el servicio también quedaba expuesto a sanciones. Además, la Superintendencia de Transporte y las autoridades locales adquirían más poder para intervenir directamente sobre las plataformas digitales.
¿Por qué el Gobierno retiró el proyecto que afectaba a las aplicaciones de transporte?
La reacción fue inmediata. Gremios, asociaciones de conductores, empresas tecnológicas y expertos en economía digital alertaron que el texto, tal como estaba, no regulaba: prácticamente borraba del mapa a las apps de movilidad.
Ante la ola de críticas, el Gobierno decidió retirar el proyecto del trámite legislativo para modificarlo. Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte, explicó que hubo interpretaciones erradas sobre varios artículos y que el retiro busca darle mayor claridad al articulado y alinearlo con las mesas de diálogo que se venían adelantando con los gremios del sector.
En otras palabras, el Ejecutivo reconoció que la iniciativa, tal como fue presentada, generó un ruido político y social que hacía inviable su discusión sin ajustes de fondo.
¿Qué sanciones enfrentaban conductores y usuarios de apps según el proyecto?
Uno de los puntos más explosivos del borrador eran las multas y las inmovilizaciones. El proyecto abría la puerta a castigos económicos que, en algunos casos, podían rondar varios millones de pesos por cada viaje realizado o solicitado a través de una aplicación.
Para los conductores, además del golpe al bolsillo, se planteaban inmovilizaciones prolongadas del vehículo, lo que en la práctica implicaba dejar sin ingresos a quienes dependen de estas plataformas para sobrevivir. Para los usuarios, pedir un carro por una app también podía convertirse en una infracción administrativa.
Ese enfoque punitivo fue leído por el sector como una criminalización de la tecnología aplicada al transporte.
¿Las plataformas de movilidad quedarían prohibidas en Colombia?
Aunque el Gobierno insiste en que su objetivo no es prohibir las aplicaciones, la arquitectura jurídica del proyecto hacía que, en la práctica, operar fuera casi imposible. Al catalogar los servicios prestados por vehículos particulares vía plataformas como ilegales, se cerraba el margen para que Uber, Didi o Yango funcionaran sin exponerse a bloqueos, multas o suspensiones.
Por eso, en el ecosistema digital se habló de una eliminación de facto de las apps de transporte en Colombia, más que de una regulación moderna del sector.
¿Qué viene ahora con el proyecto de ley sobre apps de transporte?
Por ahora, el texto quedó en pausa. El Gobierno anunció que lo volverá a presentar con ajustes, luego de revisar los artículos más polémicos y recoger las observaciones de los gremios y actores del sector.
