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Tras semanas de expectativa, el Gobierno colombiano concretó la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, un jefe criminal requerido por la justicia norteamericana por cargos relacionados con narcotráfico y envío de vastas toneladas de droga. La decisión se materializó en medio de una fuerte presión política y judicial, luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara el traslado del jefe de La Inmaculada hacia territorio estadounidense.
El trámite fue ejecutado luego de una instrucción pública del presidente Petro a través de su cuenta en X, en la que instó al entonces ministro de Justicia interino, Andrés Idárraga, a sacar del país a ‘Pipe Tuluá’. Según el mandatario, el traslado se justifica también por presuntos intentos del criminal de “comprar funcionarios públicos con dineros públicos” para evitar la extradición.
La extradición se produjo en la madrugada del 3 de febrero, en la víspera del viaje oficial del presidente Petro a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El ministro Idárraga confirmó que la orden presidencial fue cumplida con éxito, resaltando además que Colombia rompió un récord histórico con 809 extradiciones bajo la administración vigente.
¿Cómo se llevó a cabo la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’?
La extradición de Andrés Felipe Marín Silva se consolidó tras la firma de la Resolución Ejecutiva 037 de 2026, firmada el 26 de enero por el presidente Petro y el ministro Idárraga. Este acto administrativo reiteró la postura del Ejecutivo de diciembre de 2025, en la que se estableció que ‘Pipe Tuluá’ debía ser enviado a Texas, Estados Unidos, para responder por los delitos que se le imputan en ese país.
El ministro de Justicia explicó que, luego de notificar a la Fiscalía General de la Nación, se coordinó con las autoridades estadounidenses el inicio formal del proceso de extradición. El procedimiento se ejecutó en cumplimiento de la orden, luego de que la Sala de Casación Penal autorizara el traslado en noviembre de 2025.
¿Qué antecedentes penales y cargos motivaron la extradición?
La Corte del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos, requiere a ‘Pipe Tuluá’ por delitos asociados al tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. En Colombia, la Sala de Casación Penal había emitido un concepto favorable basado en múltiples antecedentes judiciales del jefe criminal.
El magistrado Gerson Chaverra detalló que Marín Silva tenía al menos 45 antecedentes penales en la Fiscalía General de la Nación por delitos que incluían amenazas, extorsión, homicidio, terrorismo, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Además, la Dijín informó que había una orden de captura vigente desde mayo del año anterior, junto con investigaciones en curso por otros delitos graves.
¿Hubo recursos legales para frenar la extradición?
Mientras se avanzaba en el procedimiento, la defensa de ‘Pipe Tuluá’ presentó una acción de tutela alegando supuesta vulneración de derechos al debido proceso, defensa, libertad personal y acceso a la administración de justicia. La Corte desestimó ese recurso, argumentando que la resolución presidencial es un acto administrativo que debía ser abordado ante la jurisdicción contencioso administrativa, no mediante tutela.
Aunque existió la posibilidad de impugnar el fallo o solicitar la reposición de la resolución, la justicia colombiana desestimó los argumentos de la defensa y habilitó así el traslado del jefe criminal hacia Estados Unidos.
¿Qué impacto tuvo la extradición en la seguridad local?
La extradición estuvo precedida por meses de tensión en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, donde ‘Pipe Tuluá’ había desarrollado su actividad delictiva durante años. Ante posibles amenazas y reacciones violentas, la Policía y el Ejército reforzaron los patrullajes en la zona para garantizar el orden público durante el operativo.
En junio del año anterior, cuando la extradición parecía inminente, varios delincuentes quemaron vehículos en Tuluá, lo que llevó al gobierno local a decretar toque de queda y a incrementar las medidas de seguridad. Estas acciones reflejaron la complejidad del contexto y la presencia significativa de la organización criminal La Inmaculada en diversas regiones del país.
Cooperación internacional y política criminal
El Gobierno también gestionó garantías por parte de Estados Unidos para que la extradición se realizara con el compromiso de evitar tratos crueles, torturas, desaparición forzada o cadena perpetua, lo que fue aceptado por las autoridades norteamericanas. Este aspecto fue clave para avanzar en el proceso sin contratiempos diplomáticos.
Con este traslado, el Ejecutivo nacional destacó que la cooperación judicial internacional se ha fortalecido y que Colombia mantiene una política firme contra el crimen organizado y el narcotráfico, consolidando su posición en materia de extradiciones.