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En su primer día como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que tiene como objetivo eliminar la ciudadanía estadounidense automática por derecho de nacimiento.
De quedar firme, esta medida impactaría a los hijos de inmigrantes indocumentados y a aquellos nacidos en el país bajo circunstancias específicas.
La iniciativa ha suscitado un intenso debate, especialmente en relación con la interpretación de la Enmienda 14 y la viabilidad de modificar la Constitución para su implementación.
Orden ejecutiva de Trump: ciudadanía por derecho de nacimiento explicada
La orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero de 2025 propone una reinterpretación de la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, la cual ha garantizado históricamente la ciudadanía automática a toda persona nacida en el territorio nacional.
El presidente argumenta que la interpretación vigente ha sido incorrecta, ampliando la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados, un aspecto que, según su perspectiva, no fue considerado en el texto original de la enmienda.
Enmienda 14: Análisis de su texto y significado actual
La Enmienda 14 establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos."
No obstante, la administración Trump sostiene que esta interpretación ha sido mal aplicada, sugiriendo que no todos los nacidos en EE. UU. obtienen automáticamente la ciudadanía si no están "sujetas a su jurisdicción."
Dicha interpretación pretende excluir de la ciudadanía a aquellos nacidos de padres indocumentados o en condiciones temporales, como visa de estudiante. Esta postura ha generado un intenso debate sobre los derechos de ciudadanía y la interpretación de la ley.
Cuándo comenzará a aplicarse esta orden ejecutiva
La medida que pretende abolir la ciudadanía por nacimiento debía entrar en régimen el 19 de febrero de 2025. Sin embargo, enfrenta múltiples obstáculos legales.
Considerando que la ciudadanía se encuentra resguardada por la Constitución, su modificación exige una reforma constitucional que deberá ser ratificada por tres cuartas partes de los estados.