La Reforma Laboral ya está encaminada en el Congreso y se acerca el fin de la primera de las grandes batallas que el Gobierno espera anotar en su palmarés este año. Mientras tanto, los empresarios observan con cierto entusiasmo, pero con muchas dudas todavía, al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), incluido en la iniciativa.
Ya desde el nombre, el nuevo régimen busca atraer inversiones de cierto volumen. De esta manera, el proyecto aspira a incorporar tecnología y ganar competitividad de cara a las exportaciones, sin descuidar aspectos como la eficiencia energética.
Pero en el articulado se plantea más como una suerte de Ley Pyme y deja en un vacío legal a grandes empresas, que por el volumen de inversiones que movilizarían no llegan al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), pero “se pasan” de los límites fijados en este proyecto de ley.
Analistas y empresas de distintos sectores y tamaños consideran que, a diferencia del RIGI, que establece amplios beneficios para los proyectos, en el RIMI los incentivos tienen alcances más acotados. En especial, no contempla la estabilidad fiscal por 30 años, como tienen las grandes inversiones del RIGI, ni la baja de 10 puntos en la alícuota de impuesto a las ganancias ni la libre disponibilidad de divisas por exportaciones.
El otro aspecto en el que coinciden los especialistas es que en el caso de las pymes pesa mucho más la estabilización de la macroeconomía y el dinamismo de la demanda que incentivos como la devolución anticipada de impuestos (IVA) o la amortización acelerada de los bienes incorporados vía inversiones.
La palanca de los incentivos
Tras la buena acogida y los anuncios de inversión que generó el RIGI desde su puesta en vigencia en agosto de 2024 -se presentaron 27 proyectos, 10 de ellos ya aprobados, con inversiones comprometidas por US$ 25.479 millones-, desde distintos sectores empezaron a reclamar medidas de impulso similares para pequeñas y medianas empresas.
El 11 de diciembre, durante la última edición de Propymes, el encuentro anual del Grupo Techint con su cadena de valor, integrada por más de 1200 pymes, el presidente ejecutivo de Ternium Argentina, Martín Berardi, dejó en claro la necesidad de disponer incentivos para movilizar inversiones también en el segmento pyme.
“El RIGI existe solo para las empresas más grandes. Si ellos necesitan esos incentivos, las pymes que integran la cadena de valor también, con IVA más bajo, estabilidad fiscal, y sin restricciones en el flujo financiero y cambiario”, precisó Berardi.
El RIGI se aplica para inversiones en sectores específicos (minería, oil & gas, siderurgia, infraestructura) por montos superiores a US$ 200 millones, un piso que deja afuera a la mayoría de las firmas.
El Gobierno ya venía trabajando en el tema e incluyó el capítulo referido al RIMI en el proyecto de modernización laboral, un aspecto cuestionado desde algunos sectores pyme.
En una primera mirada al proyecto se destaca que los incentivos se concentran en la amortización acelerada de inversiones, una devolución anticipada del IVA por inversiones productivas, y una reducción de alícuotas de Impuesto a las Ganancias, aunque mucho menor que en el caso de la baja prevista en el RIGI.
Distintas visiones
Entre empresarios pyme y analistas hay consenso en que todo incentivo a las inversiones es bueno, pero queda flotando también la idea de que “la propuesta se queda a mitad de camino”, en especial en el tema financiamiento, tasas de interés y previsibilidad tributaria.
“El RIGI tiene estabilidad impositiva por 30 años, es importante y no está contemplada para las pymes”, señala Pedro Cascales, presidente de Viametal, firma que desarrolla tecnología para la industria ferroviaria, y de Tradefin, especializada en equipos para GLP.
En su opinión, para que el RIMI sea efectivo “se requiere que haya mayor demanda y financiamiento para las pymes vía mercado de capitales”, dos aspectos que el proyecto no menciona.
“El RIMI va a servir para motorizar a la industria de bienes de capital. Para ser competitivos hay que incorporar tecnología, que cada vez está siendo más competitiva en costos”, señaló Florencia Vitale, gerente de Bipress, dedicada a la deformación de metales, y presidenta de Carmahe, la cámara de la máquina-herramienta.
Hoy la compañía tiene mucha demanda por la construcción de plantas modulares para Vaca Muerta y está evaluando una inversión cercana a US$ 1 millón. “Necesitamos un RIMI para ampliarnos, para poder ir a un parque industrial, nos va a servir como empresa. El RIMI aparece como algo nuevo, pero nos gustaría que se incorpore un mejoramiento de la tasa de interés o tasa subsidiada”, señaló.
En la industria textil, Marco Meloni, presidente de Italcolore S.A. (teñido de telas) y socio gerente de Filotex (tejeduría y preparación de hilados), considera que “el RIMI tiene incentivos muy superficiales”, y sostiene: “Lo primero es la macro, dame incentivos para sobrevivir”.
“En 2024 pusimos en marcha las máquinas que se adquirieron con inversiones que empezaron en 2021”, explica Meloni y agrega que hoy el panorama es distinto, más allá de los incentivos que propone el RIMI. “Yo no voy a invertir si se me está cayendo la demanda”, apunta.
Buen intento, con reservas
Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb, subraya que el RIMI tiene beneficios mucho más limitados que el RIGI y agrega que más que incentivos hace falta una reforma tributaria. Y, aunque reconoce que es una iniciativa positiva, dice: “La mejora en el financiamiento no debería estar dentro de los incentivos, sino como parte de la normalización de la macro”.
En ese contexto, apuntó: “No veo inversiones en gateras, a la espera de un RIMI. Sí hay interés, pero no me imagino un boom de inversiones”, algo ciertamente necesario en un contexto en el que “la industria viene muy atrasada en actualización tecnológica”, señala.
“No fue lo más conveniente meter el RIMI dentro de la reforma laboral”, asegura Guillermo Pérez, presidente del Grupo GNP, dedicado a la consultoría tributaria. El especialista señala como una debilidad que no ofrece la estabilidad tributaria, al tiempo que anticipa que las micro y pequeñas empresas “van a esperar a ver qué pasa con la reforma antes de invertir”.
A pesar de señalar que no tendrá un efecto inmediato, Pérez valora que “cualquier medida que ayude al empresario a invertir y a la empleabilidad está bien”. En ese sentido, apunta un detalle, no menor, que pasa inadvertido: el RIMI dispone que los beneficios para inversiones productivas incluyen inversiones que pueden estar haciéndose hoy mismo.
Cuestión de demanda
“Es una buena noticia que puedan extender, en parte, algunos incentivos del RIGI, como la amortización acelerada de inversiones y la devolución anticipada de IVA”, señala Federico Poli, director de la consultora Sistémica y exsecretario Pyme. Pero advierte: “Ojo con la reglamentación, hagan algo lo más simple posible”.
Ampliando el foco de la lente, Poli destaca que “todo esto no va a tener impulso en un escenario recesivo, con importaciones subsidiadas y atraso cambiario”. Asimismo, señala que si las pymes no tienen mercado y son desplazadas por importaciones, “no van a reponer inversiones”.
Diego Leal, empresario del sector plástico y secretario Pymi de la Unión Industrial Argentina, dijo que ve “complicada la implementación” porque hay 600.000 pymes y 55.000 pymes industriales, además de cuestionar por elevados los montos mínimos de inversión previstos.
“Para una microempresa invertir US$ 100.000 en una máquina es mucho y con eso emplearía tres personas, pero en el RIMI queda afuera”, advirtió Leal. Y pidió dos puntos centrales: sacarles retenciones a las empresas con certificado Mipyme que exporten y eximir de impuesto a las ganancias la reinversión de utilidades.
Menú de incentivos
El proyecto de modernización laboral ingresó en diciembre al Senado bajo el número P.E. 159/25. El título XXIII crea el RIMI, con el objetivo de promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor.
Para ello dispone las siguientes condiciones e incentivos:
- Inversiones productivas son aquellas destinadas a la compra, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos, amortizables en Impuesto a las Ganancias, así como la realización de obras relacionadas al proceso productivo.
- No abarca la compra de automóviles.
- Quedan excluidas las inversiones financieras.
- Plazo de dos años para adherir al RIMI, desde la puesta en vigor de la ley.
- Montos mínimos de inversión de US$ 150.000 para microempresas; US$ 600.000 para pequeñas empresas; US$ 3,5 millones para medianas empresas Tramo 1 y de US$ 9 millones para medianas Tramo 2.
- Amortización acelerada del impuesto a las ganancias, de dos años para bienes muebles y del 60% de la vida útil estimada para inversiones en obras. También se aplica a equipos de riego agrícola y de alta eficiencia energética, a bienes semovientes (que se mueven por sí solos) amortizables, y mallas antigranizo.
- Devolución de créditos fiscales de IVA para inversiones productivas, “luego de transcurridos tres períodos fiscales mensuales”.
- El proyecto de modernización laboral propone bajar las alícuotas de las escalas del impuesto a las ganancias del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, para el ejercicio fiscal 2026.
Grandes empresas también piden pista
El RIMI contempla incentivos para micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2, según los términos del artículo 2 de la Ley 24.467, dejando explícito el alcance en el artículo 175.
Empresas del sector agroindustrial y grandes industrias con proyectos de inversión en carpeta, pero que no califican para el RIGI, alzaron la voz reclamando ser contemplados por el nuevo régimen.
El 16 de diciembre, tras conocerse el texto del proyecto, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) pidió por nota a la senadora Patricia Bullrich incluir un inciso adicional al proyecto para contemplar a empresas que hagan inversiones de más de US$ 30 millones.
“Este es un régimen de incentivos para medianas empresas, no para pymes”, señaló Gustavo Idígoras, presidente del CAA.
La entidad argumenta que con ese límite una bodega, un frigorífico, una planta de molienda de girasol, una planta de alimentos procesados o una fábrica de semillas serían elegibles por el RIMI.
“En el CAA hemos calculado que podría motorizar entre US$ 7000 millones y US$ 10.000 millones en los dos años que fija la ley, si se incluye esta categoría”.
En el mismo sentido, Jorge Cañada, gerente de Asuntos Corporativos y Legales de Arauco Argentina, valoró que el RIMI contemple la adquisición de maquinaria semoviente y bienes de alta eficiencia energética.
Y precisó: “Esta fortaleza del proyecto podría ser una buena razón para incorporar a grandes empresas, que a través de esta herramienta podrían introducir mejoras en materia de eficiencia energética, con reducción de costos operativos”.