El desarrollo tecnológico, un compromiso público-privado

El acceso a las nuevas tecnologías constituye una preocupación que va más allá del plan de negocios de tal o cual empresa, son las bases sobre las cuales se construyen las economías del conocimiento, la plataforma desde donde las distintas industrias pueden seguir aportando valor a la sociedad en su conjunto, aún más importante en épocas de crisis sin precedentes como la que ahora atravesamos.

¿Serán los países con una profunda adopción tecnológica los que tendrán mayor éxito en la aplicación de medidas socioeconómicas durante la pandemia o la adaptación posterior en la nueva normalidad? Estamos convencidos que la recuperación económica post crisis dependerá fuertemente de una rápida adopción de estas nuevas tecnologías que lleve a incrementos sustentables en la productividad, competitividad y la mejora continua de los procesos.

En este marco, con la experiencia acumulada en distintos momentos de nuestra historia y viendo la evolución de las tendencias en el mundo, cabe preguntarse si las decisiones que se vienen adoptando en los últimos meses tienen en cuenta no solo la oportunidad sino también el desafío que esto trae aparejado.

El primer ejemplo fue el decreto 690/2020, donde empezamos a cuestionarnos si ese es el curso de acción más acertado para universalizar el acceso y acortar la brecha digital. Una primera aproximación indica que la ampliación de derechos muchas veces resulta más factible dentro de un mercado competitivo y desarrollado, con un marco regulatorio estable y transparente, que ante el riesgo de fijar una regulación que pueda ser interpretada como abusiva por parte del Estado.

La declaración de la telefonía celular y fija, los servicios de internet y la TV paga como servicios públicos esenciales, envió una señal de alerta no sólo al sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones sino a todo el entramado empresario frente a un nuevo y repentino cambio de reglas en el mercado argentino. No negamos la centralidad de prestaciones como la telefonía móvil o el internet, y su incidencia en las equidades sociales, dando respuesta así a las necesidades de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, pero vemos un impacto negativo en el clima de negocios que pondrá en riesgo fuentes de empleos de calidad e inversiones en infraestructura tecnológica, al mismo tiempo que traslada una fuerte incertidumbre a la población en torno al futuro de calidad en la prestación de estos servicios.

Otro ejemplo es el art. 110 incluido en el proyecto de ley del presupuesto 2021 (con media sanción) que establece que los productos electrónicos producidos en Tierra del Fuego pasaran de estar libres de Impuestos Internos a pagar un 6,55% en tanto que los importados o producidos en el resto del país pasan del 7% al 17%.

Siempre hemos interpretado que la fundamentación de los impuestos internos se basa en la producción y venta de productos suntuosos, inclusive bienes de “alta gama . ¿Sera descabellado pensar que el aumento de tasas aplicadas a los productos tecnológicos está alejado a la necesidad planteada en el siglo XXI, donde la tecnología es considerada un catalizador de la recuperación económica de un país, de la reducción de la brecha digital o del vehículo de acceso para los sectores más vulnerables?

Se comprende la necesidad de garantizar ingresos fiscales adicionales para hacer frente a políticas sociales y económicas inclusivas requeridas, pero ¿será pertinente la inclusión de estos bienes dentro de un impuesto considerado regresivo dado que, al alcanzar a todos los compradores, afecta en mayor medida a aquellos de menor poder adquisitivo, representando, por ende, un mayor costo para los individuos de bajo nivel socioeconómico? ¿Es necesario en un año de promoción a la industria nacional, considerar una tasa diferenciada entre la producción en el territorio de Tierra del Fuego, y la realizada en el continente? Promover la actividad económica en Tierra del Fuego es un objetivo loable, ¿pero hacerlo bajo una política impositiva discriminatoria conduce a incongruencias y distorsiones en la macroeconomía?

Estamos en presencia de un mercado signado por la innovación tecnológica, con buen nivel de competitividad con relación al resto de los países de la región, pero también con una perentoria necesidad de inversión. La lógica regulatoria en las industrias de la tecnología en el mundo se basa en tres pilares: competencia, inversión e innovación.

Finalmente, consecuencias no deseadas, como la afectación de la calidad del servicio, cierre de empresas, pérdida de empleo, caída sustancial en la inversión, deberían ser razones suficientes por las cuales el Estado debería revisar estas decisiones y convocar, como ha sido su vocación en oportunidades recientes, al sector empresario para alcanzar acuerdos sustentables no sólo para el beneficio del mundo de los negocios sino para el desarrollo de una Argentina digital e inclusiva.

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