El gobierno de Brasil lanzará una ofensiva para combatir y reducir la matanza clandestina de ganado bovino. Se estima que la mitad de la carne bovina consumida en el país proviene de mataderos sin ninguna inspección, fiscalización o acompañamiento de autoridades sanitarias.

El Ministerio de Agricultura comenzará a realizar convenios con estados y municipios para tornar más amplia y efectiva la fiscalización del comercio de carne en todo el territorio nacional. El gobierno establecerá, dentro del Sistema Único de Atención a la Sanidad Agropecuaria (Suasa), una equivalencia sanitaria con los otros dos entes federativos. Eso permitirá la venta de productos de agricultura familiar en todo Brasil, sin importar en qué ciudad o estado se produzcan.

Los productos para exportación continuarán siguiendo normas fijadas exclusivamente por el Servicio de Inspección Federal (SIF).

Los ministros de Agricultura, Wagner Rossi; y de Desarrollo Agrario, Afonso Florence, acordaron en conjunto las reglas, durante una audiencia reciente con la presidenta Dilma Rousseff. La mandataria también dio señal verde a la apertura de un concurso público para la contratación inmediata de agrónomos y médicos veterinarios para el Ministerio de Agricultura.

Se definió que los servicios de inspección de estados y municipios serán responsables por el otorgamiento de credenciales a frigoríficos interesados en adherir al nuevo Sistema Brasileño de Inspección de Productos de Origen Animal (Sisbi-POA).

El ministro de Agricultura rechazó que se trate de una flexibilización de las reglas del Suasa y dice que es una adecuación a las condiciones productivas locales y una ampliación del combate a la producción clandestina.

Vamos a llevar a todos a una norma general. El gran foco es combatir la matanza clandestina, dijo el ministro a Valor. Estamos adoptando la sensibilidad social con los agricultores familiares. Pero el ministerio de Agricultura podrá hacer, en cualquier momento, la supervisión de los procesos. Y habrá una absoluta vinculación de las exportaciones al SIF.

Hasta ahora había una divergencia entre los equipos técnicos de los dos ministerios. Agricultura quería mantener el control total de la fiscalización y Desarrollo Agrario no admitía perder la prerrogativa para regular las actividades de producción familiar.

Ahora, con la intervención de Rousseff, se encontró una solución intermedia. El ministro Florence aceptó esa intervención. La agricultura familiar tiene dificultades para vender su producción más allá del municipio. Con esa credencial, podrán vender para todo Brasil, resumió Rossi.

En 60 días, fiscales federales realizarán auditorías en los entes federados previamente registrados para verificar su capacidad de atender a las normas del Estado. Se exigirán estructuras mínimas en estados y municipios. Los estados registrarán a los municipios y, si una unidad federativa no tiene condiciones o interés en adherir al nuevo Suasa, el Estado central realizará directamente el registro del municipio. Además, delegará poderes de inspección y fiscalización a los intendentes. Los gobernadores e intendentes podrán solicitar plazos y entrenamiento para adecuar su actuación, explicó.

El gobierno nacional hará un amplio programa de calificación para la fiscalización. Entrenará agrónomos, veterinarios y zootécnicos de estados y municipios dentro de las reglas de inspección y fiscalización fijadas por el Estado. Se entrenará un grupo inicial de 66 fiscales nacionales para que formen a los nuevos auditores e inspectores en las unidades federadas.

El ministerio de Agricultura también enviará sus fiscales federales para un entrenamiento intensivo en los principales mercados mundiales importadores de productos agropecuarios, como Rusia, Unión Europea, Japón y Estados Unidos.