

En medio de las amenazas de intervención más drástica del gobierno en el mercado de etanol, los mayores ingenios de azúcar y alcohol de Brasil comenzaron a negociar contratos de largo plazo para la importación de biocombustible. La medida ayudaría a garantizar, de manera preventiva, el abastecimiento del mercado interno a lo largo de la entre cosecha.
La iniciativa de los ingenios, aun en gestación, combina con una determinación de la presidenta Dilma Rousseff, que exige la celebración de contratos de largo plazo entre ingenios y distribuidoras de combustibles, según anticipó uno de sus ministros. El clima en la relación (ingenios-gobierno) hoy es mejor. Pero la situación de abastecimiento es peor que a inicios del año, dijo un ministro.
La Agencia Nacional de Petróleo (ANP) debe elaborar un contrato-modelo para todos los casos, a pedido de Rousseff. La idea es brindar garantía a las nuevas inversiones en el segmento. La estatal Petrobras también debe adoptar esos contratos.
Petrobras Biocombustibles, además de aumentar su parte en la producción de etanol, también ayudará a reforzar esa estrategia en sociedad con BR Distribuidora. Parte de las distribuidoras resisten a adoptar el contrato de largo plazo por temer pérdidas con las fuertes oscilaciones de precios característicos del mercado interno. Insisten con la volatilidad, pero ese contrato reduciría ese riesgo, afirmó el ministro.
El gobierno estima una reducción de hasta 15% en la oferta de etanol este año. Los ingenios de la región centro-sur de Brasil evalúan un retroceso cercano a 12%. Frente a este escenario desfavorable, la presidenta mantiene la decisión de reducir, de 25% a 18%, la mezcla de etanol anhidro en la nafta, según un ministro.
La medida reducirá el consumo interno en 2.200 millones de litros, equivalente a 30% de la demanda por combustible. Y ayudará a domar los precios monitoreados por el gobierno, que hasta mayo, subieron casi 6%, en buena medida a causa del etanol anhidro.
Una forma de devolver los esfuerzos de los propietarios, algo que el gobierno aún está evaluando, se compensarán los reclamos en las llamadas externalidades de etanol. Es decir, los beneficios ambientales y sociales generados por la actividad. Esta es una vieja demanda de los molinos. La medida se podría traducir como un subsidio directo a la producción de caña de azúcar.










