El gobierno brasileño divulgó este lunes en el Boletín Oficial un decreto que suspende por 30 días las transferencias de recursos para entidades privadas sin fines de lucro.
En este período, los ministerios deberán “evaluar la regularidad de la ejecución de los convenios, contratos de traspasos y términos de la sociedad” firmados hasta el 16 de septiembre, según el texto.
La decisión de la presidenta Dilma Rousseff tuvo lugar después de la renuncia de quien fuera ministro de Deportes, Orlando Silva, por denuncias que lo involucraban en un supuesto esquema de desvío de recursos de la cartera destinados a convenios con Organización No Gubernamentales (ONGs).
La suspensión de transferir recursos no incluye los programas de protección a personas amenazadas o en situación que pueda comprometer su seguridad; los casos en que el convenio se realice de forma regular hace más de cinco años; y las transferencias al Sistema Único de Salud (SUS).
Según el decreto, una vez que se verifique a través de un parecer técnico que el contrato es regular, el ministro o dirigente de la entidad pública podrá autorizar inmediatamente el reinicio de los pagos. En caso de que se constate alguna irregularidad, la transferencia permanecerá suspendida por hasta 60 días.
Si en este período la entidad no se adecúa a las exigencias para la regularización del convenio, el ministro deberá instaurar un procedimiento para investigar responsabilidades y exigir el resarcimiento del perjuicio a los cofres públicos, además de registrar la irregularidad en el Sistema de Gestión de Convenios y Contratos de Transferencia, e informar a la Oficina Anticorrupción los datos de las ONGs y de los convenios irregulares.
