El gobierno brasileño prepara un profundo cambio en las reglas de crédito rural, que divulgará a final de mayo, en busca de estimular la producción de alimentos básicos, inducir a la diversificación agropecuaria, garantizar la sustentación de precios al productor y, al mismo tiempo, mantener bajo control la inflación de los alimentos.

Parte de los cambios en el Manual de Crédito Rural, debatidos por el gobierno con bancos públicos y privados, se anunciarán en el nuevo Plan de Cosecha 2011/2012, según pudo saber Valor. Otra parte se deberá aprobar en una reunión del Consejo Monetario Nacional (CMN) a final de junio.

La propuesta, negociada por el Ministerio de Hacienda a lo largo de los últimos cinco meses, prevé una descommoditización de la política agrícola. Productores de arroz, feijao (poroto negro), carnes, frutas y hortigranjeros, que hoy pagan intereses más elevados por no figurar como prioridad del gobierno, se equipararán a los empresarios de soja, algodón y maíz.

El nuevo manual de crédito, de 500 páginas, intentará reducir la burocracia en las operaciones rurales y simplificar la concesión de recursos para mantenimiento, inversión y comercialización de las cosechas. En época de bonanza en el sector rural y de altos volúmenes de recursos disponibles en el sistema financiero, la tónica es facilitar la vida de los clientes, bancos y el gobierno. Pero siempre con la idea de evitar variaciones bruscas de precios en el sector.

La acción del gobierno precisa ser igual para todos los productores, y no para una cultura específica. Hoy, tenemos una política más commoditizada. El foco está puesto en igualar carnes, papa y tomate, que pagan tasas más elevadas con respecto a las commodities, explicó el secretario adjunto de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Gilson Bittencourt. Coordinador de revisión del manual, el economista enumera los objetivos: Es un estímulo a la producción y al control de la inflación. Y tiene un lado ambiental porque ayuda a la diversificación de la producción. Además, es más fácil fiscalizar por CPF (registro de un ciudadano para el pago de impuestos) que por producto cultivado.

El nuevo manual unificará los

límites individuales de crédito, que pasarán a liberarse por el CPF del beneficiario. De esta forma, los límites por tipo de cultivo deben terminarse, lo que simplificará procedimientos y cortará costos operativos. La medida elevará el techo de los recursos, de R$ 650.000 hasta R$ 975.000, dependiendo de la creación de los sobretechos, todavía en discusión, según pudo saber Valor. Hoy, las franjas de techo van de R$ 200.000 a R$ 650.000. El gobierno transformará los R$ 650.000 en piso.

En caso de usarse semillas certificadas, el productor puede tener un bonus de 15%. Si se verifica respeto a las leyes ambientales, tendrá otros 15%. El foco es traer a quién está por debajo de los R$ 650.000. Pero el Tesoro dará la palabra final, afirmó Bittencourt.

Para sostener los precios a los productores durante los picos de la cosecha, cuando la abundancia de oferta tiende a derribar cotizaciones, el gobierno dará énfasis a la comercialización de la producción. Para eso, separará la protección al productor del crédito al sector agroindustrial.

Los Préstamos del Gobierno Nacional (EGFs, sigla en portugués) tienen que terminar. En su lugar, el gobierno creará dos nuevos instrumentos: el Financiamiento para el Stock de Productos Integrales de la PGPM (FEPM) y FEE, para productos fuera de la Política de Garantía de Precios Mínimos.

De esa forma, habrá una elevación en los límites de crédito de hasta dos veces lo que el productor prestó en costeo.

La meta es dar velocidad a la comercialización, garantizar más recursos al productor y asegurar productos en los almacenes y conferir más poder de fuego para retener la producción, inclusive pecuaria. El foco, hoy, no garantiza precios, sino apenas crédito, dijo Gilson Bittencourt.

Los cambios incluyen la creación de una especie de crédito rotativo (cheque especial), con límite de crédito más amplio y plazo mayor. Será una renovación simplificada, no necesariamente crédito rotativo, dijo Bittencourt. El gobierno todavía debe decidir si el límite será R$ 200.000, R$ 300.000 o R$ 500.000. La idea es dejar en cero por dos meses esa cuenta. Entre junio y julio, por ejemplo, el productor quitaría esa deuda.