En California, desde 2021 las escuelas públicas ofrecen a los estudiantes de primaria y secundaria comidas gratuitas dos veces por día.
Ahora, el SB 1058, Comidas Locales para Niños, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, modificará los factores que los distritos deben tener en cuenta al momento de contratar servicios para los programas alimenticios.
El Estado Dorado busca priorizar una propuesta saludable, lo que puede dificultarse si en cada contratación se le otorga prioridad al precio más barato del mercado.
El texto oficial de la nueva normativa detalla en los argumentos a favor que la entrada en vigor de esta modificación a la ley actual permitirá poner otros factores -como la calidad- en el centro de la escena.
Qué es el proyecto SB 1058 de California
Según las leyes actuales, en el momento en el que un distrito escolar debe realizar contrataciones destinadas a programas de nutrición infantil, la ley determina que el factor principal a considerar debe ser el precio de los productos.
El SB 1058 busca cambiar esto y que en primer lugar pueda priorizarse una oferta que se considere más “adecuada y responsable” y no necesariamente la que mejor precio tiene.
No obstante, cuando se utilicen los procedimientos de contratación IFB (Invitation for Bids),utilizados para adquirir comidas o alimentos de forma directa, los proveedores presentan los valores de los productos sin lugar a negociación y la regulación fija que el contrato aún debe priorizar a quien ofrezca el menor valor.
Qué cambia para las escuelas de California
El texto, como medida principal, elimina de la ley el requisito de que el precio sea el motor principal detrás de la decisión de compra.
Esto es especialmente relevante para los tipos de contrataciones conocidas como RFP (Request for Proposal), donde se presentan propuestas para que sean evaluadas en función de diferentes criterios, no necesariamente limitados al precio. Estas se utilizan, por ejemplo, cuando una autoridad escolar contrata a una empresa para que gestione el servicio de alimentación.
Quienes impulsan la medida sostienen que la entrada en vigor del SB 1058 dará mayor libertad a considerar otros factores en las contrataciones y favorecer una eventual presencia de productos más saludables en las instituciones.