En esta noticia
Un acuerdo firmado en silencio entre dos agencias del gobierno de Estados Unidos ha desatado una fuerte polémica por sus posibles implicancias legales y sociales.
Según reveló Associated Press, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) firmaron un convenio que autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a consultar los datos personales de más de 79 millones de beneficiarios de Medicaid.
Esta decisión podría marcar un punto de quiebre en la política de privacidad médica del país. La base de datos incluirá información sensible como domicilios, etnicidad, fechas de nacimiento y números de Seguro Social, lo que despertó alarma entre defensores de derechos civiles, funcionarios de salud y legisladores.
Una medida con impacto directo sobre inmigrantes
De acuerdo con el documento oficial, ICE utilizará la información para identificar y localizar a personas extranjeras, en un contexto donde el gobierno de Donald Trump busca aumentar las deportaciones a niveles récord.
Si bien el DHS asegura que el propósito es evitar que inmigrantes sin estatus legal accedan indebidamente a Medicaid, expertos advierten que la utilización de esta base de datos podría tener fines migratorios y represivos.
"ICE utilizará los datos del CMS para recibir información sobre la identidad y la ubicación de los extranjeros identificados", indica el acuerdo, que estará vigente de lunes a viernes, en horario de oficina, hasta el 9 de septiembre.
Preocupación por violación de derechos y confianza médica
La revelación generó una ola de rechazo en el Congreso y en varios estados, especialmente entre aquellos que extendieron el acceso al sistema de salud a inmigrantes no ciudadanos durante la administración Biden. "La transferencia masiva de datos personales debería alarmar a todos los estadounidenses", advirtió el senador demócrata Adam Schiff.
Defensores del sistema de salud alertan sobre las consecuencias indirectas del acuerdo, ya que muchas personas podrían evitar solicitar atención médica por temor a ser identificadas por ICE, incluso si lo hacen por situaciones de emergencia.
Estados demócratas denuncian la medida y buscan frenar el acuerdo
Al menos 20 estados liderados por gobernadores demócratas, incluidos California, Nueva York, Illinois y Colorado, presentaron demandas contra el gobierno federal, alegando que el acuerdo viola leyes de privacidad médica federales. Además, acusan al DHS de utilizar de forma inconstitucional información protegida por HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud).
La medida también causó divisiones internas dentro de los CMS. Varios funcionarios expresaron su preocupación ante la posibilidad de que la agencia sea vista como un brazo de inmigración, lo cual podría afectar gravemente su credibilidad y la efectividad de sus programas.
Este tipo de cobertura se usa frecuentemente ante situaciones críticas, y requiere entregar información personal básica, que ahora quedará expuesta ante ICE.