En esta noticia
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la policía necesita una orden judicial para acceder a los datos de ubicación de celulares mediante las llamadas “órdenes de geovalla”. El fallo, adoptado por 6 votos a 3, estableció que este tipo de búsqueda constituye un registro protegido por la Cuarta Enmienda.
La jueza Elena Kagan redactó la opinión mayoritaria, que reunió a jueces conservadores y liberales del tribunal. La decisión no resolvió el caso puntual que la originó, sino que fijó el criterio que deberán aplicar los tribunales inferiores de ahora en más.
¿Qué cambia con el fallo de la Corte Suprema sobre los celulares?
Hasta ahora, la policía podía pedirle a empresas como Google los datos de ubicación de todos los celulares presentes en una zona determinada sin una orden judicial previa. El fallo de la Corte Suprema cambia esa regla de forma definitiva.
Una orden de geovalla permite rastrear los celulares que estuvieron dentro de un área específica durante un lapso determinado. En el caso analizado, los datos podían ubicar a una persona con un margen de tres metros cada dos minutos.
Qué exige la Cuarta Enmienda para este tipo de órdenes
La Corte remarcó que no alcanza con una orden judicial: además, debe ser específica para no convertirse en una búsqueda masiva. Los puntos centrales del fallo son:
- La policía debe demostrar causa probable antes de pedir los datos.
- La orden debe estar particularizada, es decir, acotada a un objetivo concreto.
- No puede utilizarse como una “expedición de pesca” sobre miles de usuarios ajenos a una investigación.
¿Cómo afecta el fallo a la privacidad de los datos de ubicación?
La decisión refuerza el precedente fijado en 2018 en el caso Carpenter contra Estados Unidos, que ya exigía una orden judicial para acceder a datos de antenas de telefonía celular. Ahora esa protección se extiende a los datos de geolocalización que las empresas tecnológicas almacenan de sus usuarios.
Google, la compañía que recibía la mayoría de estas solicitudes, ya había modificado su política de almacenamiento de datos tras el litigio. El caso que originó el fallo, vinculado a un robo bancario en Virginia por el que su protagonista fue condenado a más de 11 años de prisión, seguirá en manos de los tribunales inferiores.
