En medio de la crisis de vivienda que atraviesan varias ciudades de Estados Unidos, un estado mantiene una normativa que genera polémica entre inquilinos y propietarios. Se trata de Arizona, donde una ley estatal prohíbe el control de precios de los alquileres y permite que los propietarios ajusten el valor de las rentas sin un límite legal. La normativa vigente forma parte del Arizona Residential Landlord and Tenant Act y establece que los gobiernos locales no pueden imponer restricciones a los precios de las viviendas en alquiler. De esta forma, el valor de los contratos queda determinado principalmente por el mercado y los acuerdos privados entre arrendadores e inquilinos. La regulación se encuentra en el estatuto A.R.S. § 33-1329, que determina que el control de alquileres es una materia reservada al estado y que las ciudades o municipios no tienen autoridad para aplicar límites sobre el precio de las rentas. El texto legal es claro al respecto. La legislación estatal establece que las ciudades y pueblos no tienen el poder de controlar los alquileres de propiedades residenciales privadas, ya que esa facultad está “preempted by the state”, es decir, reservada al gobierno estatal. Esto significa que en ciudades importantes como Phoenix, Tucson o Mesa los gobiernos locales no pueden crear programas de control de alquileres ni fijar topes a los incrementos de renta. En la práctica, esta normativa permite que los propietarios aumenten el precio del alquiler cuando finaliza un contrato o se renueva el arrendamiento, siempre que cumplan con los requisitos de notificación establecidos por la ley estatal. De acuerdo con guías legales basadas en la legislación estatal, no existe un límite legal sobre cuánto puede aumentar el alquiler en Arizona, lo que otorga a los propietarios una amplia libertad para fijar los precios según la demanda del mercado. La prohibición del control de alquileres no es nueva. Arizona adoptó esta política hace décadas y desde entonces mantiene un modelo considerado uno de los más favorables para propietarios dentro de Estados Unidos. Bajo este esquema: La única excepción contemplada por la ley se aplica a viviendas financiadas o subsidiadas por el gobierno, donde sí pueden existir regulaciones especiales.