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La renta en Estados Unidos está regulada según cada jurisdicción. En Texas, el Código de Propiedad es el que legisla sobre este aspecto, particularmente los capítulos del 91 al 94. Allí se establecen las obligaciones y derechos tanto del propietario como del inquilino.
Uno de los puntos más relevantes de este código es el derecho del inquilino a a una vivienda habitable, segura y funcional. Cuando este derecho no se cumple, se pueden tomar diferentes medidas.
Murió la Ley de Alquileres: ¿Qué es una vivienda “habitable” en Texas?
Una vivienda habitable debe contar con instalaciones esenciales en condiciones seguras y funcionales:
- Una estructura segura, sin problemas graves en el techo, paredes o cimientos.
- Plomería o suministro de agua caliente en funcionamiento.
- Sistemas eléctricos en condiciones seguras.,
- Detectores de humo obligatorios.
- Cerraduras y dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Si el propietario recibe un pedido de reparación y no resuelve el problema dentro de un plazo de 7 días, el inquilino puede tomar determinadas medidas.
Los inquilinos podrán terminar el contrato y mudarse sin pagar multas si el propietario no hace las reparaciones solicitadas
Si el propietario no realiza las reparaciones solicitadas en pos de cumplir con el derecho a una vivienda habitable, el inquilino puede recurrir a varias opciones:
- Rescindir del contrato de alquiler antes de tiempo y mudarse, sin pagar multa.
- Contratar a un técnico en reparaciones y deducir el costo del alquiler.
- Presentar una demanda en el juzgado de paz para una reducción del alquiler.
- Presentar una demanda por daños y perjuicios.
Protecciones a los inquilinos: ¿Cómo actúa la ley en estos casos?
Según lo que establece el artículo 92.331 del Código de Propiedad de Texas, los propietarios no pueden tomar represalias en contra del inquilino en ninguno de estos casos:
- Solicitud de reparación.
- Presentación de una queja ante una agencia gubernamental.
- Formar parte de una organización de inquilinos.
Por represalias se entiende: aumentar el alquiler, reducir los servicios, desalojar o amenazar al inquilino dentro de los seis meses posteriores a una acción protegida.