En Estados Unidos, la custodia de menores de edad tras una separación se decide en los Tribunales de Familia. En estos juicios, los jueces analizan cada situación de manera individual para determinar cuál es la mejor opción para garantizar el desarrollo físico, emocional y social del menor. La corte suprema utiliza el principio llamado “interés superior del niño” (best interests of the child), un criterio jurídico que es ampliamente aplicado en la justicia familiar estadounidense y que no parte de beneficiar predeterminadamente a la madre, como sí sucede en muchos países del mundo. Cuando se está por decidir con quién vivirá el menor, el criterio central que utilizan los tribunales de familia se basa en evaluar los diferentes factores con el fin de optar por el entorno más adecuado para el bienestar del niño. En esto se incluyen no solo factores como estabilidad financiera, sino también emocional, condiciones de salud y la relación que se tiene con cada progenitor. Adicionalmente, también se toma en cuenta la disponibilidad de tiempo, antecedentes de violencia o negligencia y la continuidad en la vida del menor con la escuela y su entorno social. En algunos casos, el juez puede solicitar evaluaciones psicológicas, informes de trabajadores sociales o incluso escuchar la opinión del menor si tiene edad suficiente. En el caso de que el juez a cargo determine que otorgarla perjudica al menor o que existen riesgos para su bienestar, se podrá denegar la custodia a cualquiera de los progenitores. Es común que se rechace si existen antecedentes de violencia doméstico, abuso, negligencia o consumo problemático de sustancias. Así mismo, también puede influir la falta de estabilidad en el hogar de este progenitor o graves problemas de salud mental no tratados. En algunos casos, la custodia se niega porque el juez considera que el otro progenitor está en mejores condiciones para ofrecer un ambiente más seguro, estable o adecuado para el desarrollo del menor.