El fiscal general de Texas, Ken Paxton, confirmó la apertura de una investigación estatal contra cinco escuelas de conducción comercial acusadas de certificar conductores no calificados —incluidos conductores que no hablan inglés—, en violación directa de la ley federal y estatal. La medida implica que los conductores con licencias CDL emitida por estas instituciones quedan bajo investigación y podrían perder su habilitación para operar vehículos de carga en el estado. La Oficina del Fiscal General emitió órdenes de investigación civil —conocidas como CIDs— contra EP Texas Trucking School, Trucker Certified LLC, Fast Track CDL LLC, CDLCALL.COM LLC y Lindenwood Education System (Ancora). Los hallazgos preliminares indican que varias de estas escuelas ignoraron los requisitos de dominio del inglés, acortaron los programas de entrenamiento muy por debajo del estándar del sector y en algunos casos se presentaron falsamente como instituciones certificadas. La normativa federal exige que todo titular de una licencia CDL pueda leer y hablar inglés con suficiencia para comunicarse con el público, comprender señales viales, responder ante autoridades y completar informes oficiales. Sin embargo, la investigación detectó que al menos una de las escuelas —EP Texas Trucking School, con sedes en Odessa y El Paso— informaba a sus postulantes que el inglés no era necesario para completar el programa y promocionaba sus servicios exclusivamente en español. Además de la barrera idiomática, las autoridades señalaron otras irregularidades graves: Estas prácticas constituyen violaciones a la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas y representan un riesgo directo para la seguridad pública, según la fiscalía. Las cinco escuelas investigadas operan en distintas ciudades de Texas: Trucker Certified tiene sedes en Pampa, Amarillo, Plainview y Borger; Fast Track CDL funciona en Garland; CDLCALL opera en San Antonio; y Ancora tiene su oficina central en Arlington. Dado que sus egresados se distribuyen por todo el estado —incluyendo los principales centros de carga como Dallas-Fort Worth y Houston—, el alcance de la investigación podría afectar a miles de conductores activos. El fiscal Paxton fue explícito sobre las consecuencias: “Poner a personas que no hablan inglés al volante de camiones de 18 ruedas en Estados Unidos puede representar amenazas graves para la seguridad pública. Mi oficina está investigando a fondo estas escuelas y tomaré todas las medidas necesarias para garantizar que solo conductores calificados y angloparlantes operen vehículos comerciales en nuestras carreteras”, declaró. La Oficina del Fiscal General advirtió que tomará todas las acciones legales necesarias, lo que podría incluir la revocación de licencias para conductores que no cumplan con los requisitos vigentes.