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Una orden judicial puso bajo la lupa los teléfonos utilizados por estas personas durante los operativos migratorios realizados en Los Ángeles.
El caso busca determinar qué información almacenada en esos dispositivos puede resultar relevante para una demanda que cuestiona las actuaciones del Gobierno durante las operaciones de 2025.
La Justicia también estableció una sanción de US$500 diarios contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras continúe el incumplimiento de las obligaciones de producción de pruebas.
El Gobierno revisará el teléfono de estas personas
La disputa forma parte del expediente Pedro Vasquez Perdomo v. Kristi Noem, tramitado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California.
En enero de 2025, la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong había ordenado que el Gobierno realizara copias forenses de los teléfonos utilizados por agentes presentes durante determinadas operaciones.
La medida buscaba preservar posibles evidencias electrónicas relacionadas con las actuaciones de los agentes durante los operativos migratorios de Los Ángeles.
La orden alcanzaba tanto dispositivos entregados por el Gobierno como teléfonos personales utilizados por agentes durante las operaciones.
El objetivo no era revisar los celulares de la población en general, sino obtener información potencialmente relevante para un proceso judicial que cuestiona la legalidad de determinadas detenciones y procedimientos migratorios.
La multa de US$500 diarios que enfrenta el DHS
El conflicto escaló cuando los demandantes denunciaron que el Gobierno no había cumplido con la orden de producción de evidencia.
En mayo de 2026, los abogados de los demandantes solicitaron que el tribunal declarara al Gobierno en desacato y reclamaron una sanción de US$500 por cada día de incumplimiento.
La medida busca generar un incentivo para que el Gobierno cumpla con las obligaciones establecidas por el tribunal y entregue la información requerida dentro del proceso.
Por eso, la cifra de US$500 diarios no representa una multa que deban pagar los agentes individualmente ni una sanción aplicada a cada teléfono.
Más de 800 agentes quedaron involucrados en la producción de pruebas
El alcance de la orden judicial es significativo porque la investigación involucra a más de 800 agentes que participaron en las operaciones migratorias desarrolladas en Los Ángeles.
La información almacenada en sus dispositivos podría formar parte de la evidencia utilizada para analizar cómo se desarrollaron los procedimientos y qué comunicaciones existieron durante las operaciones.
¿Qué se investiga sobre los operativos migratorios de Los Ángeles?
El expediente se originó a partir de cuestionamientos a las operaciones de control migratorio realizadas en Los Ángeles durante 2025.
Los demandantes sostienen que durante esos procedimientos se produjeron detenciones que vulneraron derechos constitucionales.
Entre las cuestiones discutidas se encuentran las circunstancias en las que agentes federales detuvieron a determinadas personas y el acceso de los detenidos a sus abogados.
En febrero de 2026, la jueza Frimpong permitió que continuaran varias de las principales reclamaciones del caso y consideró que los demandantes habían presentado argumentos suficientes respecto de sus planteos bajo la Cuarta y Quinta Enmiendas.
La disputa sobre los teléfonos forma parte de ese proceso y apunta a determinar qué información puede ayudar a reconstruir lo ocurrido durante las operaciones.