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La decisión del presidente Donald Trump de movilizar a la Guardia Nacional en varias ciudades clave de Estados Unidos genera preocupación entre las autoridades locales y analistas.
La medida marca un cambio drástico respecto de su función histórica, al involucrar al cuerpo militar en tareas de seguridad interna en medio de tensiones políticas crecientes.
Según fuentes oficiales, Trump ordenó el despliegue de unidades en zonas con gobiernos estatales demócratas, justificando la acción como parte de su "operativo contra el crimen" y su nueva estrategia de control migratorio.
Sin embargo, el uso de la Guardia Nacional bajo órdenes federales despierta dudas legales y temores sobre un posible uso político de la fuerza.
¿Qué es la Guardia Nacional y por qué su despliegue genera alarma?
La Guardia Nacional es una fuerza militar con base estatal que forma parte del sistema de defensa de Estados Unidos. Sus miembros -más de 430.000 soldados y aviadores- sirven normalmente bajo el mando de los gobernadores, aunque pueden ser activados por el presidente bajo el Título 10 del Código de EE.UU. para misiones nacionales o en el extranjero.
Históricamente, la Guardia se ha utilizado para brindar asistencia humanitaria ante desastres naturales o disturbios civiles. No obstante, la nueva movilización ordenada por Trump rompe con esa tradición al usarla para "restaurar el orden" en territorios donde los niveles de violencia se encuentran en descenso.
Puntos clave del despliegue actual:
- Incluye más de 2.000 efectivos en Los Ángeles y casi 2.200 en Washington D.C.
- Participan unidades provenientes de Alabama, Georgia, Mississippi, Carolina del Sur y otros estados del sur.
- Se ha creado una unidad móvil federal para operar en cualquier punto del país.
¿Qué implica esta movilización y qué puede pasar ahora?
El despliegue de la Guardia Nacional bajo control federal revive un debate histórico en EE.UU. sobre los límites del poder presidencial.
Desde la Segunda Guerra Mundial, solo se ha federalizado a la Guardia en contadas ocasiones, como durante las marchas por los derechos civiles de los años 60 o tras los disturbios de Los Ángeles en 1992.
En esta ocasión, Trump ha justificado la medida como respuesta a protestas migratorias y disturbios urbanos. Sin embargo, juristas advierten que el uso de tropas en territorio nacional sin coordinación con los gobernadores podría violar el espíritu de la Ley de Posse Comitatus, que prohíbe emplear a las Fuerzas Armadas como policía interna.
Entre los focos de tensión más recientes:
- Un juez federal bloqueó el envío de tropas a Portland, Oregón
- En Chicago y Memphis se evalúan nuevas movilizaciones "para garantizar el orden público"
Mientras tanto, la incertidumbre crece sobre cómo se financiarán las operaciones en medio del cierre parcial del gobierno federal, ya que los efectivos bajo órdenes estatales cobran de sus legislaturas locales, pero los movilizados por la Casa Blanca dependen de fondos federales hoy suspendidos.