

Donald Trump volvió a poner en marcha la Ley de Enemigos Extranjeros como parte de su política de deportación masiva. Esta normativa refiere a una período de "guerra" o crisis en donde las autoridades buscan expulsar, principalmente, a integrantes de bandas criminales.
La ley remonta al año 1789 y el presidente republicano buscaba imponerla desde comienzos de su gestión. A diferencia de panoramas anteriores, esta vez los inmigrantes tienen "la oportunidad de impugnar su expulsión".
Donald Trump implementó la Ley de Enemigos Extranjeros: ¿A quiénes afecto?
Donald Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de reducir la presencia de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Como una medida de fuerza, puso en vigencia la Ley de Enemigos Extranjeros que le da la potestad de llevar a cabo deportaciones masivas a cualquier extranjero que no cumpla las leyes, pero, principalmente, a los integrantes de bandas criminales.
"La Corte Suprema ha mantenido el estado de derecho en nuestra nación al permitir que un presidente, quienquiera que sea, pueda asegurar nuestras fronteras y proteger a nuestras familias y a nuestro país", se lee en un artículo de CNN.

Sin embargo, una excepción planteada desde la Corte Suprema obliga a las autoridades estadounidenses a notificar a todos los extranjeros detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) previo a ser deportados.
¿Cómo se sancionó la Ley de Enemigos Extranjeros?
La Ley de Enemigos Extranjeros fue sancionada por el Congreso de los Estados Unidos el 6 de julio de 1798, en el marco de una serie de normativas conocidas como las Leyes de Extranjería y Sedición. La legislación fue impulsada por el presidente John Adams en un contexto de tensión con Francia y de creciente temor a la infiltración de espías.
La ley autorizaba al presidente a detener, deportar o restringir a ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra, sin necesidad de juicio previo. El Congreso, dominado en ese momento por el Partido Federalista, aprobó la medida con el argumento de proteger la seguridad nacional ante posibles amenazas extranjeras.

Sin embargo, la ley generó una fuerte oposición por parte del Partido Demócrata-Republicano, que la consideró un exceso autoritario. Aunque tuvo una aplicación limitada, la Ley de Enemigos Extranjeros sentó un precedente legal que se reactivó en conflictos posteriores, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial.














