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Durante el mandato de Donald Trump, las políticas migratorias en Estados Unidos se volvieron más estrictas, generando preocupación incluso entre quienes poseen un estatus migratorio legal.
Si bien la ley exige un proceso judicial para deportar a residentes permanentes y titulares de visas, la administración republicana impulsó operativos más amplios, enfocándose también en este grupo que tradicionalmente quedaba fuera del radar de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Motivos de deportación para residentes permanentes legales en Estados Unidos
De acuerdo al Título 8 del Código de Estados Unidos, existen diversas causales de deportación para quienes tienen green card.
Las razones más comunes incluyen:
Condenas por delitos graves, como asesinato, violación o tráfico de drogas.
Fraude migratorio, como falsificar documentos para obtener beneficios.
Incumplimiento de condiciones por parte de residentes condicionales.
Participación en actividades que amenacen la seguridad nacional.
Apoyo a organizaciones extremistas o terroristas, según la clasificación del gobierno.
Incluso si el inmigrante cuenta con residencia legal, puede ser detenido y enfrentarse a una orden de expulsión si se comprueba que infringe alguna de estas normativas. La decisión final recae siempre en un juez de inmigración, tras un proceso en el que el gobierno debe presentar pruebas claras y convincentes.
Cómo es el proceso legal de deportación en Estados Unidos
Cuando un residente permanente o titular de visa enfrenta una posible deportación, el gobierno emite una Notificación de Comparecencia (NTA). Este documento detalla las razones por las que se considera que la persona es deportable.
El procedimiento incluye varias etapas:
Audiencia preliminar: se le informa al inmigrante sobre los cargos.
Audiencia de mérito: ambas partes presentan sus pruebas y argumentos.
Decisión judicial: un juez determina si la persona puede permanecer en el país.
Apelación: si se dicta una orden de expulsión, la persona puede apelar ante tribunales superiores.
En cambio, los titulares de visa que llegan a aeropuertos o fronteras pueden ser deportados de inmediato por oficiales de aduanas, sin derecho a audiencia judicial, si se considera que incumplen las condiciones de ingreso.
Distintos reportes han documentado casos de deportación de personas con residencia o visa vigente:
Mahmoud Khalil, egresado de la Universidad de Columbia, fue detenido por considerarse una amenaza a la política exterior de EE.UU.
Yunseo Chung, estudiante surcoreana con green card, enfrentó un proceso de expulsión tras participar en protestas pro Palestina. Una jueza federal suspendió su deportación.
Fabian Schmidt, residente permanente y condenado hace 10 años por drogas, fue detenido al regresar de Europa, según informó NPR.
Ma Yang, residente desde la infancia, fue deportada a Laos, a pesar de no hablar el idioma ni tener vínculos con ese país, tras cumplir una condena por drogas.
Críticas de organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos
Grupos como la ACLU denunciaron que la administración Trump usó la legislación migratoria de manera arbitraria y selectiva, incluso contra personas sin antecedentes penales graves. Además, advirtieron que algunas expulsiones violan la Primera Enmienda, al dirigirse a individuos por sus opiniones políticas o participación en protestas.
El profesor Matthew Boaz, experto en derecho migratorio, explicó a PolitiFact que durante ese período se adoptó una interpretación más amplia de la ley para agilizar deportaciones sin el debido proceso.
No obstante, tanto el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como el entorno de Trump defendieron estas acciones como una forma de garantizar la seguridad nacional y cumplir la ley sin excepciones.
