Muere la Green Card | El gobierno de Trump confirmó que suspenderá las solicitudes de todos estos inmigrantes

 Desde su regreso a la presidencia en 2025, Donald Trump ha impulsado una política migratoria caracterizada por un endurecimiento de las restricciones y una postura de tolerancia cero hacia la inmigración ilegal. Impulsó el Proyecto 2025, que contempla 175 reformas para militarizar la frontera, aumentar el número de centros de detención y limitar el acceso al asilo. 

 Estas medidas reflejan una estrategia de control más estricto de las fronteras y de reducción de la inmigración en todas sus formas, consolidando la postura de Trump de proteger la "seguridad nacional" a través de una política migratoria más restrictiva.

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¿Qué inmigrantes no podrán solicitar la Green Card?

El gobierno de Donald Trump ordenó la suspensión temporal de ciertas solicitudes de residencia permanente legal, también conocida como Green Card, para todos los inmigrantes que fueron admitidos en Estados Unidos como refugiados o beneficiarios de asilo. 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó que la medida impone una "pausa temporal" para concluir ciertas solicitudes de ajuste de estatus. Si bien no se especificó cuantos casos están siendo afectados, ni la duración de la suspensión, la medida impacta directamente a las personas que ya habían sido admitidas para ingresar o permanecer en Estados Unidos por haber demostrado que enfrentaban persecución en sus países de origen.

El endurecimiento de las políticas migratorias en la administración de Trump

La administración de Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada "Proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública", en la que les exige a las agencias federales "verificar y examinar en el mayor grado posible a todos los extranjeros que pretendan ser admitidos, ingresar o que ya se encuentren dentro de Estados Unidos".

 El documento establece una prioridad especial sobre las personas provenientes de regiones o países considerados de alto riesgo para la seguridad. A su vez, afecta también a personas que ya fueron verificadas y aprobadas por el gobierno en procesos especialmente estrictos, como los que enfrentan los refugiados.