Las leyes firmadas por Ron DeSantis que respaldan las medidas migratorias de Donald Trump para 2025
El gobernador de Florida que criticó las políticas migratorias de la gestión de Joe Biden, endureció desde hace unos meses los controles en sus fronteras alineándose a las medidas anunciadas por Donald Trump.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha tomado medidas contundentes en este 2024 para reforzar el control migratorio en su estado. A principios de año, promulgó tres proyectos de ley que buscan limitar la inmigración irregular en Florida: HB-1589, HB-1451 y SB-1036.
Según el mandatario, estas iniciativas fortalecerán la capacidad del estado para hacer cumplir la ley y reducirán significativamente el ingreso de migrantes no autorizados. Estas acciones reflejan un enfoque alineado con las propuestas migratorias de Donald Trump para 2025, lo que genera un debate a nivel nacional.
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¿Qué leyes firmó Ron DeSantis contra la inmigración irregular?
Ley HB-1589: sanciones más severas para conductores sin registro válido
Desde el 1° de julio, la ley HB-1589 endurece las sanciones para quienes conduzcan sin un registro válido en Florida. De acuerdo con Ron DeSantis, esta legislación es una herramienta clave para combatir la inmigración irregular y mantener la seguridad en el estado, especialmente frente a los efectos de la crisis fronteriza.
En términos concretos, la normativa mantiene la sanción de hasta 60 días de cárcel para la primera infracción, pero agrava los castigos en casos de reincidencia. Las segundas infracciones ahora conllevan penas de hasta un año de prisión. Por otro lado, una tercera condena o las subsecuentes incluyen una sentencia mínima obligatoria de 10 días.
Con esta ley, Florida también reafirma su postura contra las licencias de conducir emitidas por jurisdicciones santuario a extranjeros no autorizados y endurecerá esta posición bajo el mandato de Donald Trump.
Ley HB-1451: restricción de identificaciones comunitarias
La HB-1451, en vigor desde julio, prohíbe a los condados y municipios de Florida aceptar tarjetas de identificación emitidas a inmigrantes indocumentados por otras jurisdicciones. Estas identificaciones, conocidas como tarjetas comunitarias, son utilizadas en algunos estados para facilitar la vida de los migrantes sin documentos legales.
Según DeSantis, esta normativa refuerza las prohibiciones existentes sobre gobiernos locales y ONGs para emitir identificaciones a extranjeros ilegales. La medida busca evitar que los migrantes indocumentados accedan a servicios estatales y limita su integración en la comunidad.
El gobernador de Florida justificó la ley al argumentar que es parte de un esfuerzo más amplio para combatir la inmigración irregular en Florida y garantizar que el estado no colabore, directa o indirectamente, con políticas que contradigan las leyes migratorias federales.
Ley SB-1036: penas más severas para reincidencia delictiva
Desde el 1° de octubre, la SB-1036 introduce un sistema de reclasificación de delitos para inmigrantes que reinciden en actividades delictivas tras haber sido deportados. Esta legislación busca disuadir el reingreso ilegal a Florida y el potencial impacto en la seguridad pública.
Los delitos graves de tercer grado ahora se reclasifican como de segundo grado, con penas que aumentan de cinco a 15 años. De manera similar, los delitos graves de segundo grado pasan a ser de primer grado, con condenas de hasta 30 años, mientras que los de primer grado se elevan a delitos de por vida, que pueden conllevar cadena perpetua.
Ron DeSantis refuerza su postura contra la inmigración ilegal
Ron DeSantis destacó hace un tiempo las medidas operativas tomadas para intensificar el control migratorio en Florida. Entre estas, mencionó el despliegue de más de 250 efectivos de agencias estatales en puntos estratégicos del sur del estado y los cayos.
Además, resaltó que, desde enero de 2023, fuerzas estatales en conjunto con la Guardia Costera han interceptado 670 embarcaciones que transportaban a 13,500 personas en situación migratoria irregular.
Según DeSantis, estas medidas buscan abordar lo que considera una creciente amenaza derivada de las políticas migratorias de la administración Joe Biden, a la que acusa de haber fallado en garantizar la seguridad de las fronteras.