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Una decisión federal anticipa cambios relevantes en la política migratoria. Estados Unidos prepara más deportaciones masivas tras la compra de un sistema de hipervigilancia ultramoderno por 1000 millones de dólares, orientado a fortalecer el control y el cruce masivo de datos dentro del aparato federal.
El acuerdo fue firmado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con la empresa Palantir Technologies. El contrato refuerza directamente el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
¿Qué implica que Estados Unidos prepare más deportaciones masivas con un sistema de hipervigilancia ultramoderno?
El convenio permite al DHS adquirir hasta 1000 millones de dólares en software, licencias y servicios durante cinco años. La modalidad agiliza compras y elimina procesos de licitación adicionales.
Entre las capacidades centrales del sistema se destacan:
- Integración de bases de datos migratorias y administrativas.
- Análisis automatizado para identificar objetivos prioritarios.
- Mapas digitales de posibles blancos de deportación.
- Auditoría y control de accesos a información sensible.
Parte del cruce de datos puede involucrar información del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). La compañía afirma que existen controles de privacidad y trazabilidad; críticos sostienen que la infraestructura amplía la vigilancia estatal.
¿Cómo puede afectar esta compra del Gobierno a inmigrantes y residentes en Estados Unidos?
El esquema facilita la expansión tecnológica hacia otras dependencias como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA).
Para inmigrantes con procesos abiertos, el impacto potencial incluye:
- Mayor interoperabilidad entre agencias federales.
- Identificación y priorización más rápida de casos.
- Seguimiento digital más exhaustivo.
- Posible aceleración de detenciones y expulsiones.
El acuerdo no modifica la ley migratoria vigente, pero fortalece la capacidad operativa para ejecutar deportaciones masivas. Especialistas recomiendan mantener la documentación actualizada y consultar asesoría legal ante cualquier notificación oficial.