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En los últimos días, Estados Unidos avanzó con una decisión judicial que impacta de lleno en comunidades de inmigrantes con años de residencia en el país. La medida abre la puerta a un cambio profundo en la forma en que se regulan ciertos permisos migratorios, dejando a miles de familias hispanas en estado de incertidumbre.
El alcance de esta modificación no solo radica en las deportaciones que podrían ejecutarse, sino también en el nuevo requisito de iniciar un trámite distinto para conservar la permanencia legal. Lo que está en juego es el futuro de más de 60.000 personas que, hasta ahora, contaban con una protección especial.
¿Qué significa el cambio en la ley migratoria de Estados Unidos?
El fallo judicial afecta al Estatus de Protección Temporal (TPS), un permiso otorgado a extranjeros cuyos países atraviesan crisis que impiden un retorno seguro. Con esta resolución, el gobierno de Donald Trump puede dar por terminada esa protección para 51.000 hondureños, 3.000 nicaragüenses y 7.000 nepalíes.
La consecuencia inmediata es que, al vencer el TPS, los beneficiarios pierden el derecho a trabajar y a permanecer legalmente en el país. Quienes no realicen otro trámite alternativo quedarán en condición migratoria irregular y sujetos a deportación.
¿Qué deben hacer los inmigrantes afectados para no ser deportados?
Los afectados deberán iniciar otro tipo de proceso migratorio para mantener su residencia legal en Estados Unidos. Esto significa gestionar una vía distinta al TPS, dentro de los plazos establecidos, para no perder sus derechos.
Entre las principales opciones disponibles se encuentran:
- Solicitar visas de trabajo si cumplen con los requisitos laborales.
- Aplicar a la residencia permanente para obtener la Green Card en casos de elegibilidad familiar o laboral.
- Presentar un pedido de asilo, siempre que puedan demostrar persecución o riesgo real en su país de origen.
