Es oficial: todos estos inmigrantes podrían ser deportados de Estados Unidos aunque tengan una Green Card

Aunque muchas personas consideran que la residencia permanente legal en Estados Unidos es definitiva, la legislación migratoria vigente establece condiciones estrictas. La Green Card puede perderse si se violan determinadas normas, incluso sin haber cometido un acto ilícito grave.

La ley migratoria estadounidense autoriza al gobierno federal a iniciar procesos de deportación si el titular de la Green Card es considerado una amenaza para la seguridad nacional o si ha incurrido en ciertos delitos. Este proceso se lleva a cabo en cortes de inmigración, bajo supervisión del Departamento de Justicia.

En Estados Unidos, la residencia legal no equivale a ciudadanía. La normativa establece que es un beneficio sujeto a reglas específicas, y que puede ser revocado bajo determinadas circunstancias.

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¿Cuándo puede un inmigrante perder la Green Card en Estados Unidos?

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una persona residente legal permanente puede ser deportada si incurre en delitos graves o si su permanencia afecta intereses de política exterior. Algunos de los motivos más frecuentes para perder la Green Card incluyen:

• Condenas por delitos como felonías agravadas o tráfico de drogas.

• Fraude migratorio o uso indebido de documentos oficiales.

• Vínculos con grupos considerados una amenaza a la seguridad nacional.

• Declaraciones o actividades que afecten negativamente las relaciones exteriores de EE.UU.

La deportación puede comenzar con una investigación de rutina, una denuncia, o un hallazgo por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Si hay evidencia suficiente, se emite una Notificación de Comparecencia para presentarse en una corte de inmigración.

¿Cómo funciona el proceso legal de deportación en EE.UU.?

En la corte de inmigración, el gobierno debe demostrar que el inmigrante violó las leyes migratorias de Estados Unidos. A diferencia del sistema penal, en estos casos el Estado no está obligado a proporcionar un abogado público, por lo que el inmigrante debe costear su defensa.

El proceso es complejo y puede derivar en apelaciones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) o incluso en tribunales federales. Sin embargo, la mayoría de los casos no llegan a la Corte Suprema, ya que el acceso a esa instancia es limitado y costoso.

Si el juez decide revocar la Green Card y todas las apelaciones fracasan, la persona es deportada. Si gana el caso, puede conservar su estatus de residente legal en Estados Unidos. La clave está en demostrar que no se violaron los términos migratorios establecidos por la ley.