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Según un memorando oficial del 18 de febrero, los refugiados legales que ya fueron admitidos en el país deberán regresar a custodia gubernamental un año después de su llegada para una nueva inspección y re-evaluación de antecedentes.
La medida, impulsada bajo la administración de Donald Trump, amplía las facultades de los agentes migratorios y refuerza la estrategia de endurecimiento tanto contra la inmigración legal como ilegal.
Nueva exigencia: “detener e inspeccionar” antes de la residencia permanente
El memorando fue presentado en un proceso judicial federal por el U.S. Department of Homeland Security. Allí se establece que los refugiados deberán someterse a un proceso de “detain-and-inspect” (detener e inspeccionar) cuando se cumpla el primer año desde su admisión.
Por ley, los refugiados deben solicitar la residencia permanente legal (green card) después de doce meses en el país. La novedad es que ahora las autoridades migratorias pueden mantenerlos en detención migratoria durante el tiempo que dure la revisión.
El argumento oficial sostiene que la política busca:
- Garantizar una re-verificación de antecedentes
- Unificar criterios con otros procesos de admisión
- Reforzar la seguridad pública
- Alinear controles post-ingreso con estándares actuales
Este enfoque representa un giro respecto a una directiva de 2010 que indicaba que no obtener la residencia permanente no era motivo suficiente para detención automática.
Fuerte repudio a la nueva resolución del gobierno federal
La decisión generó fuertes cuestionamientos de grupos de defensa de refugiados. Organizaciones como HIAS advirtieron que la medida podría afectar a miles de personas que ingresaron legalmente tras huir de conflictos o persecuciones.
También hubo pronunciamientos de activistas que consideran que la política rompe con compromisos históricos asumidos por el país hacia quienes recibieron protección formal.
Mientras tanto, cifras recientes muestran que el número de personas bajo custodia del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) alcanzó aproximadamente 68.000 detenidos, un incremento significativo respecto al inicio del actual mandato presidencial.
Fallo judicial y batalla legal en curso
La política ya enfrenta obstáculos en tribunales. En enero, un juez federal bloqueó temporalmente la aplicación de una medida similar que afectaba a unos 5.600 refugiados en Minnesota.
El magistrado John Tunheim, del Tribunal de Distrito en Minneapolis, sostuvo en una resolución escrita que los agentes federales probablemente vulneraron varias leyes al detener a ciertos refugiados para someterlos a controles adicionales.
El litigio continúa y podría definir el alcance real de la nueva directiva. Mientras tanto, miles de refugiados en proceso de green card enfrentan incertidumbre sobre su estatus y la posibilidad de regresar a custodia migratoria pese a haber sido admitidos legalmente.