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Autoridades estatales de un punto clave de Estados Unidos le hacen frente las políticas migratorias restrictivas impulsadas a nivel federal con una medida que busca proteger a las comunidades más vulnerables. Esta región apuesta por ofrecer acceso a recursos básicos a los inmigrantes, incluyendo a los indocumentados, sobre los derechos a una vivienda.
Esta iniciativa combina apoyo financiero, asesoría legal y medidas de emergencia frente al desalojo. La estrategia también incluye materiales informativos en varios idiomas y canales de denuncia para quienes sufran discriminación.
Nueva York se opone al Gobierno de Trump y ofrece asistencia sobre la vivienda a los indocumentados
Nueva York presentó esta semana un ambicioso programa de asistencia para migrantes, enfocado especialmente en quienes no cuentan con documentación legal. A través del proyecto "Nos Protegemos", las autoridades buscan garantizar el acceso a vivienda segura y estable, incluso para quienes enfrentan órdenes de desalojo o viven en condiciones precarias.
La campaña incorpora el sitio web nosprotegemosny.org, una plataforma que orienta a los migrantes sobre sus derechos, los pasos para recibir asistencia legal gratuita y las vías para evitar el desalojo. Además, se incluyen recursos sobre violencia doméstica, abuso laboral y servicios médicos.
Según datos locales, miles de migrantes enfrentan desalojos o viven en refugios temporales sin opciones de reubicación. Este plan representa un respaldo directo frente a lo que califican como "abandono" por parte del gobierno federal.
¿Qué ocurre con los inmigrantes que no conocen sus derechos a la vivienda?
Quienes no accedan a este tipo de programas corren el riesgo de ser desalojados sin recursos legales para defenderse, lo que puede llevar a una situación de calle o detención por parte de autoridades migratorias. La falta de una dirección estable también dificulta su acceso a servicios médicos, escolares y legales.
Asimismo, al no contar con información adecuada, muchos migrantes son víctimas de estafas inmobiliarias o firmantes de contratos abusivos. Las autoridades locales enfatizan que los derechos básicos como la vivienda deben aplicarse sin importar el estatus migratorio de las personas.
