El gobierno de Estados Unidos impulsado por la administración de Donald Trump puso en marcha un plan para ampliar de forma significativa los esfuerzos para revocar la ciudadanía de inmigrantes naturalizados, una medida que ha encendido las alarmas entre comunidades inmigrantes y organizaciones defensoras de derechos civiles. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional y en coordinación con la Oficina de Litigación de Inmigración del Departamento de Justicia, está reorganizando personal y operaciones para remitir entre 100 y 200 casos de revocación de ciudadanía al mes, una cifra muy superior al ritmo histórico de casos. El presidente de los Estados Unidos mantiene firme su política de deportación masiva de inmigrantes indocumentados, pero ahora intensifica su política persiguiendo a los ciudadanos naturalizados. Es decir, a las personas nacidas en el extranjeros que obtuvieron la ciudadanía cumpliendo todos los requisitos de USCIS. Se trata de un proceso a iniciarse conocido como “desnaturalización”, con el fin de volver a investigar en los expedientes de postulación para detectar errores o inconsistencias que se pasaron por alto. Múltiples agentes de USCIS se dispersaron en oficinas migratorias para llevar a cabo el nuevo proyecto de la administración. De esta forma, muchas personas naturalizadas que hace años viven en el país pueden ser detenidos y, posteriormente, deportados. A diferencia de otros procedimientos migratorios que USCIS maneja administrativamente, la revocación de naturalización solo puede ocurrir en un tribunal federal, donde el gobierno debe presentar evidencia sólida para demostrar que se cumplen los requisitos legales para la revocación. El proceso puede comenzar cuando USCIS remite un caso al Departamento de Justicia, que a su vez presenta la acción legal ante una corte federal. El estándar de prueba es alto y requiere que se demuestre sin dudas razonables que la persona obtuvo su ciudadanía de forma impropia o cometió fraude deliberado.