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El Gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de embargar bienes y congelar cuentas bancarias a modo de castigo para todos los ciudadanos y residentes que incumplan ciertas normas estrictas impuestas por las máximas autoridades.
La ley está protegida por la Constitución y aplica como sanción para algunas prácticas irregulares, siempre y cuando se cumplan los respectivos procedimientos adecuados.
El Gobierno embarga bienes y congela cuentas bancarias: quiénes lo sufren
Siguiendo la política de tolerancia cero en el sistema migratorio de la administración de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos busca implementar ciertas medidas federales que permitirían embargar propiedades y congelar cuentas bancarias de inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación pendientes.
De todos modos, si bien la confiscación de bienes y cuentas bancarias a criminales no es una práctica inédita en Estados Unidos, su aplicación generalizada requeriría nuevas leyes o reinterpretaciones del código civil y penal.
¿Es legal el embargo de bienes y cuentas bancarias sin una orden judicial?
Hoy en día, no existe actualmente ninguna ley ni programa federal que autorice al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a intervenir bienes privados o cuentas financieras solo por razones migratorias.
Cuando un inmigrante recibe una orden final de deportación, las autoridades de inmigración solo tienen potestad para:
- Ejecutar la remoción física del país (detención y salida forzada).
- Confiscar documentos falsos, bienes usados para actividades ilegales o que estén vinculados a delitos federales.
- Inmovilizar fondos únicamente en el marco de una investigación criminal o de lavado de dinero, previa orden judicial.
Es decir, el embargo o congelamiento de activos requiere siempre una orden judicial o una causa penal, no simplemente una falta migratoria.
