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El Gobierno de los Estados Unidos realiza un seguimiento detallado en lo que respecta a los movimientos de dinero en todo el país. Por este motivo, todos los bancos están obligados por ley a reportar a todas las personas que depositen más de USD 10,000 en un día, ya sea en una sola transacción o de manera fraccionada.
Estas políticas de seguridad se establecieron con el objetivo de detectar maniobras criminales. Incluso si la persona no está cometiendo ningún delito, su conducta monetaria puede levantar sospechas y tendrá un impacto en su historial crediticio.
Dólar: ¿Cuánto depósito en efectivo es sospechoso?
Miles de ciudadanos realizan transacciones bancarias en Estados Unidos a través de los cajeros automáticos, por lo que el Gobierno estableció una serie de pautas para realizar seguimiento de aquellas que llaman más la atención.
Si bien no hay un límite máximo de dinero que una persona puede depositar, la entidad bancaria está obligada a reportar a las autoridades cuando se trata de un depósito de USD 10,000 o más. Sobre todo cuando se realiza de manera fraccionada. Esto se debe a la Ley de Secreto Bancario que se aplica sobre ciudadanos o empresas.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recibe el reporte y analiza los comportamientos del usuario. Esta medida se aplica para identificar fácilmente conductas criminales como:
- Lavado de dinero.
- Narcotráfico.
- Financiamiento del terrorismo.
- Evasión fiscal.
Asimismo, la persona que tiene mucho dinero para depositar puede dirigirse a las oficinas presenciales del banco y esperar a ser atendido por un asesor.
¿Por qué es ilegal fraccionar transacciones en Estados Unidos?
En Estados Unidos, fraccionar depósitos en montos menores a USD 10,000 dólares para evitar que el banco los reporte al gobierno es ilegal. Esta práctica, conocida como structuring, viola la Ley de Secreto Bancario y se considera un delito federal, incluso si el dinero es legal.
Las consecuencias incluyen multas de hasta USD 250,000 y penas de hasta cinco años de prisión. Además, el banco puede reportar la actividad como sospechosa, lo que podría desencadenar una investigación penal y la confiscación del dinero.
