El Directorio del Partido Nacional resolvió por unanimidad suspender por dos años al edil Gonzalo Gómez y exigirle la restitución de las sumas pagadas a su asesor, Pablo Leiva, contratado sin cumplimiento comprobado de funciones entre diciembre de 2025 y los meses siguientes. La decisión fue informada en conferencia de prensa por el presidente del Directorio, Álvaro Delgado, y se funda en el dictamen de la Comisión de Ética partidaria.
La sanción se adopta tras la condena, en setiembre, de Leiva por lavado de activos en el marco de la Operación Trazador —caso que incluyó la incautación de 250 kilos de pasta base— y la constatación de que al asesor se le abonaron salarios sin que se asignaran ni ejecutaran tareas verificables. La resolución exige la devolución de esos pagos a la Junta Departamental de Montevideo.
Delgado subrayó que Gómez “no está implicado ni indagado en un tema penal” y planteó que la responsabilidad del edil es de carácter ético por haber contratado a una persona con actividad ilícita, a la vez que el propio afectado reconoció que el asesor no cumplía funciones. Según la resolución, durante el período de suspensión Gómez debe apartarse del ejercicio de su cargo.
El Directorio enfatizó su compromiso con la transparencia, la correcta administración de recursos públicos y las normas éticas que rigen la actuación de quienes representan al partido en funciones públicas y partidarias. La Comisión de Ética atendió además la solicitud del propio edil para que su caso fuera analizado por ese órgano.
La decisión puede abrir debates internos sobre controles en contrataciones municipales y el alcance de las sanciones disciplinarias frente a conductas que, sin constituir delitos personales del sancionado, comprometen la reputación y la gestión del partido ante la ciudadanía.