El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, subrayó que la presencia del mandatario marca la jerarquía que el Ejecutivo dará a la agenda: “Es una política central en la preocupación de la ciudadanía y en nuestra preocupación como gobierno nacional”. La primera sesión contó además con la participación, como invitado, del ministro del Interior, Carlos Negro.
El gabinete nace con el propósito explícito de quebrar la fragmentación histórica en las políticas de infancia en Uruguay y “construir respuestas unificadas”, según explicó Civila. El objetivo es que no existan excusas institucionales para no atender de manera oportuna y adecuada las problemáticas de niños, niñas y adolescentes.
Entre las primeras medidas acordadas está la creación de un ámbito de respuesta transitoria para atender situaciones de urgencia que impliquen riesgo de muerte. Ese mecanismo buscará intervenir de forma inmediata y coordinar qué organismo estatal debe asumir la respuesta en cada caso.
También se lanzó la revisión exhaustiva de todos los protocolos de actuación institucional. Civila señaló que existen “intersticios” entre instituciones —zonas grises sobre quién, cómo y cuándo debe actuar— que deben ser clarificados para evitar demoras y omisiones en la protección de las infancias.
Para los casos más graves y urgentes se conformará una comisión especial de atención transitoria que analizará situaciones concretas y determinará el organismo responsable de intervenir, apoyada por referentes en cada institución y equipos técnicos de respaldo. Se recordó además la vigencia de la Línea Azul de INAU (0800 5050) como canal para alertar casos.
El ministro reconoció “fallas reiteradas del Estado a lo largo de los años” y admitió que los protocolos y las respuestas han sido insuficientes en ocasiones. En la primera reunión se abordó el caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado a golpes por su padre en Flor de Maroñas, y Civila confirmó que hay investigaciones administrativas en curso en distintos organismos.