Orsi dijo que la prioridad del gobierno sigue siendo articular “las herramientas para el control del mar territorial y de la costa”, y que paralelamente se busca el resarcimiento correspondiente por la terminación del contrato con el astillero. Subrayó que la empresa privada “tiene que elegir su camino para no salir más perjudicada”, pero que el Estado mantendrá la búsqueda de soluciones. Cardama pidió suspender la audiencia de conciliación prevista para el 16 de marzo; la presentación ante el juzgado había reclamado un resarcimiento económico por la rescisión. Desde Presidencia indicaron que la decisión fue conocida por la prensa y que, por ahora, no hay información sobre nuevas acciones judiciales por parte de la empresa. Orsi admitió no haber sido informado previamente y que llegó al país anoche desde Chile, pero defendió la postura del gobierno: “La razón la tenemos porque consideramos que no es un buen negocio para Uruguay y era riesgoso seguirlo”, dijo, aunque matizó que, si algún técnico lo aconsejara, podrían evaluarse ajustes en la estrategia. El objetivo gubernamental es doble: recuperar los fondos ya pagados y, al mismo tiempo, no renunciar a la obtención de las patrulleras destinadas a la vigilancia del mar territorial. El gobierno mantiene gestiones legales y técnicas para garantizar ambos objetivos sin que uno excluya al otro. Desde el entorno de Presidencia no descartaron la posibilidad de que Cardama inicie otras acciones legales en instancias distintas, aunque hasta ahora no hay notificación formal sobre nuevos recursos.