El Ejecutivo presentó este jueves el proyecto de Ley de Empleo Integral, una iniciativa que busca modernizar y reemplazar la Ley de Empleo Juvenil (N.º 19.133), la Ley de Fomento al Empleo (N.º 19.689) y la Ley de Promoción del Empleo (N.º 19.973). Según el gobierno, el objetivo es corregir fallas operativas y ampliar la cobertura hacia quienes enfrentan mayores barreras laborales.
El texto identifica como grupos prioritarios a jóvenes de 15 a 29 años, mujeres jefas de hogares monoparentales, personas afrodescendientes, personas trans, personas privadas de libertad o con medidas alternativas o liberadas hasta tres años, personas en situación de discapacidad y mayores de 50 años. El presidente Yamandú Orsi sostuvo que “hay población de este país que tiene que ser beneficiada de alguna manera porque su vulnerabilidad así lo indica”.
La iniciativa propone incentivos directos a la contratación: subsidios a la remuneración que, según el colectivo, irían desde el 25% hasta el 80% del salario. El gobierno ejemplificó que, para un salario de $38.000, la contratación de una mujer jefa de hogar en situación de vulnerabilidad generaría un subsidio de $25.300 para la empresa.
Además de los subsidios salariales, el proyecto contempla apoyo patronal a emprendimientos, proyectos y cooperativas lideradas por los colectivos mencionados, con la finalidad de potenciar la creación de empleo formal y sostenible en distintos tamaños empresariales.
La nueva normativa prioriza también la vinculación entre empleo y formación profesional: quienes accedan a los programas tendrán prioridad en procesos de capacitación, certificación ocupacional y desarrollo de habilidades transversales, combinando trabajo remunerado con formación técnica para mejorar la inserción laboral en un contexto de transformación tecnológica y productiva.
El ministro de Trabajo, Juan Castillo, explicó que la reforma responde a problemas detectados en la ley actual de Promoción del Empleo, como el bajo número de contrataciones respecto a lo esperado, las dificultades de acceso para micro y pequeñas empresas y la concentración territorial de las medidas en la capital. Para diseñar la propuesta, la Dirección Nacional de Empleo realizó una agenda de recorridas por todo el país para recoger aportes locales.
El Ejecutivo estima que la implementación implicará recursos por alrededor de 10 millones de dólares anuales. La propuesta ahora deberá pasar por el Parlamento, donde los debates evaluarán alcance, financiamiento y mecanismos de fiscalización para evitar distorsiones y garantizar el acceso efectivo de los colectivos priorizados.