Once años después de la sanción de la Ley de Regulación y Control del Cannabis, Uruguay puede mostrar resultados concretos: según la segunda evaluación publicada por la Secretaría Nacional de Drogas, el país se consolidó como un mercado regulado efectivo, con una expansión sostenida de las vías legales de acceso al cannabis psicoactivo. El informe subraya que el 46% de los consumidores actuales está registrado y tiene acceso formal al producto, un indicador central para las metas de reducción de daños y desarticulación del mercado ilegal.
Una de las transformaciones más llamativas consignadas en el informe es la caída del llamado narcotráfico clásico —principal fuente de cannabis en 2014— que en 2024 representa apenas el 6,7% del acceso al producto. El informe atribuye ese desplazamiento a la disponibilidad de canales legales (clubes, cultivo personal y farmacias autorizadas), a la estabilidad relativa del precio regulado y a una mayor percepción de seguridad y calidad entre quienes optan por vías formales.
No obstante, el panorama no es homogéneo: persiste un “mercado gris” que, distinto del narcotráfico tradicional, está integrado principalmente por cannabis procedente de cultivadores domésticos no registrados y por intercambios informales. Este segmento, que el documento sitúa en torno al 30% del mercado, representa el principal desafío pendiente, pues limita la capacidad del sistema regulado para ocupar plenamente el espacio que dejó el comercio ilegal.
En materia de salud pública, la evaluación no detecta impactos negativos significativos atribuibles a la regulación. Los indicadores de consumo problemático se mantienen estables, un dato que las autoridades interpretan como compatible con los objetivos de reducción de daños de la ley. Para expertos y responsables sanitarios, la clave seguirá siendo mantener programas de prevención focalizados y servicios de atención para quienes desarrollen problemas relacionados con el consumo.
El informe también aborda la dimensión judicial y policial. Señala que la claridad normativa mejoró la aplicación de la ley, pero evidencia la persistencia de problemas operativos: falta de capacitación de las fuerzas y criterios heterogéneos entre distintos territorios que generan intervenciones desiguales frente a conductas menores vinculadas al cannabis. La evaluación recomienda mayor formación técnica y protocolos más uniformes para evitar decisiones arbitrarias y reducir la criminalización innecesaria.
Frente a esos desafíos, la Secretaría propone ajustes puntuales para fortalecer la eficacia del mercado regulado: facilitar la formalización de productores domésticos, mejorar los canales de comercialización y comunicación para atraer a consumidores del mercado gris, y perfeccionar la fiscalización y asesoría técnica a nivel local. Esas medidas buscan, según el informe, ampliar el alcance del régimen legal sin incrementar los riesgos sanitarios.