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Un documento elaborado por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), expuso una serie de “contradicciones y deficiencias detectadas en las políticas viales del actual Gobierno Nacional”.
El informe se centra en el régimen de concesiones viales con cobro de peaje (Red Federal de Concesiones – RFC) que resultaría contrario a los principios de legalidad, equidad y eficiencia administrativa, afectando tanto a los usuarios como al interés público.
“La política de peajes contradice el principio de libertad de tránsito al imponer un cobro obligatorio, en la práctica un impuesto al tránsito, sobre la red vial nacional”, se destacó.
A juicio del Conaduv, los usuarios ya abonan el Impuesto a los Combustibles, por lo que el cobro del peaje constituye una doble imposición de carácter confiscatorio, en contravención al principio de razonabilidad tributaria.
El Gobierno argumenta que “no hay recursos disponibles”; sin embargo, se recaudan anualmente más de u$s 3.000 millones mediante el Impuesto a los Combustibles. Dichos fondos, según destacaron en el Conaduv, deberían destinarse exclusivamente a la infraestructura vial, pero “son desviados hacia otros fines presupuestarios, configurando una forma de malversación de su objeto específico”.
Se anunció que las nuevas concesiones serían financiadas mediante inversión privada. No obstante, los proyectos licitados, como los Tramos Oriental y Conexión, prevén el uso de fondos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que depende del Ministerio de Economía de la Nación, con tasas subsidiadas, lo cual contradice las declaraciones oficiales y traslada nuevamente la carga financiera al Estado Nacional.
Modelo fracasado
La entidad que reúne a los usuarios señaló asimismo que “el esquema actual de concesiones reproduce el modelo implementado durante la década de 1990, caracterizado por su ineficiencia, falta de control estatal y ausencia de resultados concretos en materia de infraestructura vial. En consecuencia, se repite un sistema históricamente fallido”.
Asimismo, resaltó la inexistencia de riesgo empresario toda vez que los pliegos licitatorios contemplan “únicamente tareas de conservación y mantenimiento de rutina (corte de pasto, limpieza y conservación), sin exigencias de inversión ni de ampliación de capacidad de la red vial”.
A pesar de ello, se prevé más de una triplicación de las tarifas y la instalación de nuevas estaciones de peaje, con una frecuencia promedio de una cada 97 km, lo cual incrementará los costos de transporte y afectará la competitividad económica del país.
Tras manifestar que “el régimen actual de concesiones viales resulta ineficiente, regresivo y carente de sustento técnico”, la Conaduv propuso que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) reasuma la administración, mantenimiento y desarrollo de la red vial. De esta forma se priorizaría un “modelo de gestión pública transparente, con control ciudadano y destino específico de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles para obras efectivas de infraestructura”.
