La última semana se registraron dos hechos relevantes para la política comercial del país, que parecen inspirarse en una de las leyes de Murphy. Aquella donde se sugiere que "si logra mantener la calma cuando todos alrededor gritan y pierden la cabeza, eso sólo indica que Ud. todavía no entendió el problema". El primero de esos hechos, es que Panamá confirmó su intención de apelar las conclusiones del panel de la OMC que evaluó el conflicto legal que sostiene con la Argentina por los efectos comerciales de ocho medidas financieras, fiscales, cambiarias y de registro surgidos del marco que brinda el Decreto 589/2013 (ver La Asignatura Pendiente de una Disputa en la OMC en El Cronista del 15/10/2015). Aunque la nación centroamericana no dio indicios acerca de los aspectos del aludido fallo que espera objetar, el asunto tiene todo el aspecto de engordar la agenda del próximo gobierno. Pero la cuestión de fondo para la economía argentina está en otras capitales del Viejo Continente, donde el Euro-Parlamento y la Comisión de la Unión Europea se están peleando con gran energía no para ver si se aplica, sino para establecer cómo, quién y con qué argumentos se deberían instrumentar las medidas orientadas a terminar las importaciones de productos Genéticamente Modificados (OGMs) como la soja, la harina de soja y el maíz, del mismo modo en que ya lo hizo, en abril de 2015, con el cultivo de esos productos. Existe la sensación de que a nuestra sociedad le cuesta aceptar, como sucedió en los últimos años con el creciente cierre del mercado para los biocombustibles de base agrícola, que en Europa predomina otra racionalidad proteccionista y ambiental, y que sus gobiernos han emprendido una singular marcha hacia el creciente, y quizás definitivo, cierre del mercado para los OGMs.

El pasado 28 de octubre la agencia EuroParl del Parlamento Europeo informó que, tras una votación de 577 a favor y 75 en contra, ese órgano rechazó la propuesta de la Comisión de la UE destinada a facultar, mediante el uso de argumentos no sanitarios, la posibilidad de prohibir la importación de los antedichos productos al territorio de los Estados Miembros que así lo deseen. A pesar de ello, en el texto de ese comunicado se reconocía que el Comisario de Salud y Medio Ambiente, doctor Vitenys Andriukainis, adelantó que la Comisión de la UE someterá a consideración de los Ministros la propuesta objetada por el Parlamento, lo que ofrece una idea de la rigidez y temperatura que existe en esta discusión intergubernamental. Hace pocos años el Parlamento ya había desautorizado a la Comisión de la UE cuando suscribió por las suyas el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual denominado ACTA, episodio que se constituyó en uno de los más sonados de los recientes papelones de Bruselas.

En este caso, la gente de Estrasburgo le dijo a la Comisión, con buen criterio, que debería explicar si su proyecto tuvo en cuenta la necesidad de evitar: a) el retorno a los controles fronterizos en la UE; b) una eventual confrontación con las disposiciones de la OMC; y c) dificultades prácticas que hacen a la competitividad de las industrias que abastecen a la población animal del mercado europeo en el marco de las Decisiones sobre Transparencia y la Mejor Regulación (Better Regulations). Por separado, los sectores europeos del comercio y la producción agrupados en las organizaciones Coceral, Fediol y FEFAC, estimaron en unos u$s 3000 a 3200 millones anuales el aumento de costos que supondría eliminar las importaciones de insumos basados en OGMs, hecho que pondría en jaque la competitividad del antedicho complejo cárnico del Viejo Continente. Meses atrás, Washington ya le había dicho a la UE, en el contexto de las negociaciones transatlánticas (TTIP), que esta política estaba en off-side y los gobiernos exportadores de OGMs hicieron una presentación en Bruselas. ¿Hacen falta más señales para darle prioridad a este problema?.