Cristina Kirchner dio sobradas señales de que no piensa cambiar ni una coma en su forma de entender y de ejercer el poder. El que gobierna impone, manda y los demás deben obedecer, sin lugar al disenso, si no quieren ser castigados. Se lo ha demostrado a empresarios, sindicalistas, jueces, religiosos, legisladores de la oposición, su gabinete y, sobre todo, a los medios de comunicación y al peronismo.

La presidenta no olvida lo que ocurrió en las elecciones legislativas de 2009, cuando intendentes y gobernadores jugaron a dos puntas y contribuyeron a la derrota del kirchnerismo. En esos comicios había jugado un rol fundamental Martín Sabbatella, que contribuyó y mucho a la derrota de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires, al encabezar una lista opositora. Pero Cristina logró convertir a Sabbatella al ultrakirchnerismo y hoy es su espada al frente del AFSCA para aplicar la ley de Medios y para desafiar (junto al ministro de Justicia Julio Alak y el senador Marcelo Fuentes) a los jueces que no fallan contra Clarín.

La presidenta no quiere que la historia se repita y está dispuesta a castigar con todas sus fuerzas al peronismo y el sindicalismo disidentes y a todos aquellos que osen desafiarla e intenten sacar uno de los pies del plato.

Por ejemplo, no dudó un instante en acusar a peronistas y gremialistas por los saqueos de diciembre. Habló de la existencia de desestabilizadores y de una mala copia y una versión decadente del estallido social que acabó con el gobierno de Fernando de la Rua en 2001. Y también de los saqueos que anticiparon la salida de Raúl Alfonsín en 1989. Quizás CFK olvidó que menemistas de esa época son hoy fervientes militantes del kirchnerismo.

En realidad, los ojos de la presidenta están puestos desde hace tiempo en la provincia de Buenos Aires, más concretamente en el conurbano.

Sigue muy de cerca los pasos de los intendentes para detectar con tiempo algún posible foco de traición. Sabe que una parte muy importante de la elección legislativa y de la acumulación de votos para lograr una reforma constitucional, dependen del principal distrito del país. El gobernador Daniel Scioli y el intendente de Tigre Sergio Massa están en la mira del kirchnerismo más duro y en sus entornos admiten que se sienten, como mínimo, espiados. Sin embargo también son seguidos aquellos intendentes o referentes peronistas de los municipios donde el kirchnerismo perdió, pero se salvaron al jugar a dos puntas.

Aunque nadie está a salvo del pulgar de la presidente. Hasta los propios aliados incondicionales pueden ser traicionados. En Quilmes, por ejemplo, el intendente ultra K es el histórico dirigente de la UOM Francisco Barba Gutiérrez, quien logró la primera reelección de un jefe comunal en el distrito, desde el retorno de la democracia en el 83. Gutiérrez está enfrentado desde hace tiempo con otro referente distrital, el senador Aníbal Fernández. Pero ahora La Cámpora parece jugar en contra de Gutiérrez y apuesta al futuro de una de sus mujeres, Mayra Mendoza (de origen radical), para hacerse fuerte en las legislativas y aspirar a la intendencia en 2015. Y nada se hace en el mundo del cristinismo sin que su jefa lo avale.

Lo cierto es que Gutiérrez no sería el único metalúrgico en problemas. Tampoco la pasa fácil el jefe de la CGT oficialista. Antonio Caló tiene dos frentes que atender. Quedó como titular de esa CGT porque CFK no tenía otra alternativa más que colocar a la UOM para mantener unido al sindicalismo que le es fiel.

Pero la UOM, los Gordos y los independientes ya han dado muestra de que su paciencia K tiene límites. No saben cómo hacer para que Cristina les dé una respuesta concreta sobre lo que ocurrirá con el impuesto a las ganancias y el mínimo no imponible; con las asignaciones familiares y la deuda que el Estado tiene con las obras sociales sindicales, entre otras cuestiones. Como lo habían anticipado los gremialistas, los trabajadores afectados por el impuesto a las ganancias están siendo sometidos a fuertes descuentos por el acumulativo, de todo el 2012, y el beneficio que dio el gobierno para el medio aguinaldo de fin de año fue menor.

La UOM cree que llegó la hora de que el gobierno nacional haga una reingeniería de sus finanzas para ahorrar, por un lado, y aflojar así la fuerte presión impositiva que pesa sobre los sueldos. Para colmo, la CGT oficialista no puede dejar que la bandera de esos reclamos queden únicamente en manos de Hugo Moyano (CGT opositora), Luis Barrionuevo (CGT Azul y Blanca) y Pablo Micheli (CTA oficialista).

La otra cuestión que preocupa a Caló y a los metalúrgicos es la negociación salarial para todo este año. Desde hace tiempo que la UOM viene planteando en sus paritarias anuales la recomposición de los sueldos por la inflación pasada.

Pero no es el único gremio, en eso están también los bancarios, que son los que abren las paritarias en diciembre y un sindicato amigo del gobierno, como el SMATA que agrupa a los mecánicos. Y, por supuesto, los camioneros y los gastronómicos. En realidad, todos tratan de alcanzar o superar la verdadera inflación que, para los sindicalistas, ronda el 25%. Como la inflación no retrocede, cada año es mayor el piso sobre el que se empieza a negociar.

En ese marco, ya es un recuerdo muy lejano cuando el kirchnerismo homologaba aumentos del 10 o el 12%. Desde hace un par de años el ministerio de Trabajo viene aprobando acuerdos entre empresarios y sindicatos que superan ampliamente el 20%. Es más, en muchos casos los aumentos son mayores de lo que se dice y se maquillan con adicionales o con sumas que se venían pagando y se incorporan a los básicos, para evitar el efecto contagio. Hecha la ley, hecha la trampa.