En algunos sectores del kirchnerismo, que con frecuencia suelen diferenciarse del núcleo duro del cristinismo, comienzan a verse signos de preocupación por varias cuestiones que pueden afectar el humor social a la hora de votar en las legislativas de este año.

Esa lista incluye desde hace tiempo, en su punto más alto, temas como la inflación y la seguridad, pero ahora se suma la preocupación por el enfrentamiento con la comunidad judía a raíz del acuerdo que el gobierno firmó con Irán por el atentado contra la AMIA.

Recuerdan que cuando Néstor Kirchner llegó al poder en 2003 se preocupó en cultivar una buena relación con ese sector de la sociedad.

El objetivo de entonces parecía claro: dar vuelta a una página de la historia argentina marcada con fuertes críticas de las organizaciones judías al peronismo, por su actitud en las investigaciones de los dos sangrientos atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, que nunca pudieron arrojar a los culpables detrás de las rejas.

Fueron años de acercamiento de Kirchner, de un fuerte compromiso para que paguen los responsables y de condenas en foros internacionales al gobierno de Irán, a quien se le reclamó que entregue a los responsables de esos atentados.

Sin embargo, algo cambió, más allá de lo que cuentan en el relato, y ahora Cristina Kirchner dio vía libre a una estrategia de política internacional, pero también nacional, destinada a recomponer las relaciones con Irán y tratar, por otra vía, de dar con los culpables.

Una estrategia que tiene repercusiones directas en la economía nacional, a partir de mejores relaciones comerciales.

Sin embargo, el acuerdo para crear una Comisión por la Verdad nació con fuertes cuestionamientos políticos y derivó en el rechazo de la comunidad judía, alguna de cuyas organizaciones dieron primero un aval al gobierno que rápidamente mutó por la negativa, una vez que el canciller Héctor Timerman abrió la boca en el Congreso.

Guillermo Borger, el titular de la AMIA, siempre desconfió del acuerdo y así lo expresó, aunque aceptó en un primer momento la oportunidad que las organizaciones judías dieron a la Casa Rosada.

Más cercano al gobierno había sido el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, pero Timerman no le dejó otra salida más que rechazar el acuerdo.

La AMIA, la DAIA y las organizaciones de familiares de las víctimas consideran que el gobierno está entrando en el juego político de Irán y que la Comisión internacional terminará siendo un retroceso que afectará a la justicia argentina y, sobre todo, a lo hecho por el fiscal Alberto Nisman, que parece estar en la mira del cristinismo más duro.

Quizás por esa razón esperan que Nisman saque algún as de la manga y aporte nuevos datos a la causa que obligue al gobierno a replantear su pacto con Irán.

Es lo que esperan por la memoria de los 85 muertos que dejó ese sangriento atentado.

Lo que también parece haber entrado en un camino sin retorno es la relación de la comunidad judía con Timerman, a quien, por lo bajo, venían cuestionando desde hace tiempo por su comportamiento como Canciller.

Y el paso de Timerman por un plenario de comisiones del Senado fue la gota que colmó la paciencia. Consideraron que el ministro les mintió y los traicionó.

Sin embargo, senadores y diputados K avanzarán a toda máquina para sacar la ley que respalda el acuerdo, según las estrictas instrucciones de Cristina.

Mientras tanto, hay otras cuestiones que siguen preocupando al gobierno, como la creciente inflación, el agua que hace el acuerdo para congelar los precios que tiene el sello de Guillermo Moreno y el malestar de los gremios.

Ningún funcionario puede negar, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que sabía lo que iba a pasar cuando le ofrecieran a los gremios docentes un aumento muy por debajo de sus aspiraciones. Es una historia repetida.

Para colmo, los gobernadores están atrapados entre la línea que le marca la Casa Rosada y las presiones de los gremios docentes. Buenos Aires, gobernada por Daniel Scioli, es el mejor ejemplo.

Roberto Baradel, el titular de SUTEBA, nunca ocultó su respaldo a la administración kirchnerista, pero no tapa su profundo enojo por el comportamiento que año tras año tiene el gobierno frente a los salarios de los docentes.

Sea por el aumento de sueldo de este año, que fue dispuesto en forma unilateral en el 22 por ciento, como por los ajustes que resultan insuficientes en el impuesto a las ganancias.

En ese marco, los gremios de la actividad privada siguen metidos en una compleja negociación con el sector empresario, para fijar la pauta de aumento salarial destinada a este año.

Es muy difícil encontrar diferencias entre lo que reclaman los gremios que están en la CGT de Hugo Moyano con los que militan en la oficialista de Antonio Caló.

Para colmo, el metalúrigo volvió a molestar a Cristina con su radiografía de la realidad. Pero cuando habla, Caló tiene el respaldo de la UOM. Si él dice que la economía está estancada eso opina el gremio.

También la UOM consideró insuficiente la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y va en busca de un aumento conformado superior al 25 por ciento, por más que en los papeles pueda figurar cercano al 22 por ciento como quiere el gobierno.

Pero los cañones no están apuntados a Caló sino a Moyano. Van por el camionero y esta vez la excusa es el bloqueo a una empresa de supermercados.

Quizás el cristinismo cometería un grave error si subestima el poder de fuego de Moyano, metido de cabeza en la política y con la mira puesta en las legislativas de este año.

Hoy, el clima en el sindicalismo, incluido el oficialista, no es el mejor y eso lo saben varios ministros, aunque nadie se atreve a contradecir a Cristina Kirchner.

Los caciques gremiales que se calientan bajo el sol del poder suelen comentar que están dispuestos a ir hacia donde diga la Presidenta, pero aclaran que no serán ellos los que choquen contra la pared.

En eso de subsistir a los go biernos, el sindicalismo peronista puede dar clase.