La política de vivienda, un modelo agotado

Familia y casa van juntos. Es muy difícil llevar adelante una familia sin vivir en una casa (...) invito a todos a hacer lo posible para que cada familia pueda tener una casa, pidió a fines del año pasado el papa Francisco.
Según las cifras del INDEC, el déficit habitacional en la Argentina registra actualmente 2.644.200 viviendas, las cuales no cumplen con la infraestructura básica o sufren hacinamiento. Este número, que representa hoy el 27,9% de familias argentinas afectadas por esta problemática, aumentó un 1,7% desde 2001. En aquel entones, existía un déficit habitacional de más de 2.600.000 viviendas, lo que equivalía al 26.2% de los hogares.
Sin embargo, según un estudio de Fernando Cuenin y Ramiro Moya para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que analizan la inversión pública entre 1976 y 2007, la Argentina es el país que más dinero destina para viviendas sociales en América Latina y el Caribe, llegando a emplear recursos equivalentes al 1,5% del PBI, porcentaje similar al de países como España y Finlandia.
Asimismo, en relación al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), principal fuente de financiamiento de la política habitacional entre 1972 y 2004, el análisis muestra el bajo nivel de escrituración y un porcentaje del orden del 50% en el pago de las cuotas devengadas. Una situación que impide alimentar el círculo virtuoso del recupero de los créditos blandos.
¿Por qué continuar aferrados, entonces, a una política que no resuelve el déficit habitacional y que resulta ineficaz en su implementación? Miremos el ejemplo de Chile. Mientras en 1990 uno de cada cuatro hogares sufría hacinamiento en el país vecino, en 2009 tan sólo uno de cada diez era afectado por esta problemática. Es decir, el porcentaje disminuyó del 40% al 10%, de acuerdo con un informe del Departamento de Estudios Económicos del BID, del 2012. Del mismo modo, el déficit habitacional se redujo un 24%, al pasar de 540 mil viviendas a 410 mil, entre 2002 y 2006.
¿Cómo lo lograron? La principal diferencia con Argentina radica en que el estado chileno no se dedicó exclusivamente a construir viviendas, sino que centró sus esfuerzos en mejorar la capacidad de los ciudadanos para comprar sus propiedades. No se trata de un modelo basado en la oferta, sino en la demanda.
Para ello, las acciones en materia de vivienda estuvieron necesariamente acompañadas por una moneda estable, un mercado de capital de largo plazo capaz de absorber las hipotecas, subsidios razonables a la demanda que permitieron a los habitantes incorporarse al mercado hipotecario, y un sistema equilibrado entre las obligaciones de deudores y acreedores.
En este escenario, Eduardo Rojas, especialista chileno en la materia, destaca en los 30 años de aplicación de la política: el papel cada vez más fructífero del sector privado en la producción y el financiamiento; la construcción de más de un millón de viviendas sociales; y el crecimiento de la confianza en la política habitacional entre la población de menores ingresos, tal como lo demuestran la alta participación en programas habitacionales, la ausencia de ocupaciones ilegales de tierras y la transformación de los asentamientos existentes en ciudad urbanizada.
Estamos, sin dudas, frente a una problemática estructural que espera desde hace décadas una solución eficiente. Necesitamos rediseñar la política pública de vivienda. ¿Qué esperamos para cambiar el modelo?