Quién es Burford, el fondo que por el juicio por YPF podría cobrar el doble que Repsol

Traje gris. Camisa blanca. Corbata de algún color sobrio. Pelo corto, con entrada marcada y jopo prolijo. Anteojos de marco metálico rectangular, fino. Sonrisa sutil, ladeada. Christopher Bogart es abogado. Viste como abogado. Luce como abogado. Habla como abogado. Pero no razona sólo como abogado. Al menos, no como uno convencional. "Un juicio", dice, "no está afectado por los vaivenes económicos o la volatilidad de los mercados. Se presiona un botón y, por momentos, más rápido, en otros, más lento; en tramos, con alguna sinuosidad o de forma más lineal, el proceso se mueve hacia adelante. Y llega a un final. Siempre", define. Desde hace una década y media, este canadiense que cumplió 57 años en noviembre, recibido con medalla de oro y honores de la Escuela de Leyes de la Universidad de Western Ontario combina su práctica del derecho con el apetito, y el temple, de un lobo de Wall Street. Ex VP de Asuntos Legales de Time Warner -donde lideró a un ejército de 350 espadas jurídicas-, en 2009, fundó Burford Capital, fondo de inversión del que es CEO. La firma cuya sompra se proyectó sobre la República Argentina, con el reclamo en la Justicia de Nueva York contra YPF y el Estado Nacional por la expropiación de la petrolera, ejecutada en abril de 2012. "Fondo buitre", se lo definió ni bien se percibieron sus primeros aleteos. En su caso, es un buitre con plumaje de cuervo. Si bien opera con lógica similar a la de los distress funds -como Elliott, Fintech y Ashmore, que sobrevolaron la Argentina para picotear activos liquidados después de la crisis de 2001 y 2002-, Burford está fundado por abogados e invierte capital propio y de terceros, exclusivamente, en asuntos legales. Cotiza sus acciones en las Bolsas de Londres y Nueva York. Tiene oficinas en esas ciudades, Chicago, Washington, Singapur, Sydney, Hong Kong y, recientemente, Dubai. Desde 2009, generó u$s 2200 millones en retornos de inversión por la realización de sentencias, equivalentes a una tasa del 88% promedio por juicio. Recibió consultas de financiamiento de 93 de los 100 estudios jurídicos más grandes por facturación de los Estados Unidos y numerosas ("y respetadas", aclara en su sitio web) firmas boutique especializadas en litigios. Quince días atrás, anunció sus resultados preliminares del año pasado. "Burford tuvo un fuerte 2002, con un record de nuevos negocios y una significativa generación de efectivo y actividad del portafolio", declaró Bogart. Juntó u$s 1200 millones en nuevos compromisos, de los cuales u$s 746 millones inyectó la propia firma. A nivel de gastos de juicios en desarrollo, contabilizó u$s 928 millones (u$s 477 millones corresponden sólo a Burford). En ambos casos, se trató de montos record. Además, diversificó su cartera en cuanto a asuntos, al sumar una demanda anticompetencia global en la que inyectó u$s 350 millones. Excluyéndola, su portafolio de desembolsos en litigios creció 94%, a u$s 457 millones. A fines de 2022, Burford valuó en u$s 4600 millones las sentencias aún a definir de los casos que tiene en marcha. Supera los u$s 3800 millones proyectados un año antes. Esa cifra excluye los activos relacionados con YPF, que podrían, por lo menos, duplicar esa cifra. Sin embargo, la decisión de hoy de la jueza de distrito de Nueva York Loretta Preska es uno de los más de 30 fallos y audiencias finales que Burford informó a sus accionistas que habría durante 2023, casi tres veces más de lo que ocurrió en 2022. En Burford, no se habló durante mucho tiempo de "YPF" sino de "Petersen". Así se refirió, durante años, al juicio que iniciaron contra la petrolera argentina las dos sociedades españolas con las que la familia Eskenazi habían materializado, en 2007, su pericia en mercados regulados. Después de la estatización, esas firmas fueron cedidas a los bancos que habían financiado la adquisición, paso previo al proceso judicial por insolvencia abierto en la Justicia de ese país. La quiebra de ambas fue la que recurrió a los tribunales de Nueva York, en 2015. Alegó que, al ser cotizante en Wall Street, YPF debió haberle ofertado a los demás accionistas lo mismo que el Estado argentino pactó con Repsol, casi dos años después de la expoliación. ¿Cómo apareció Burford? Hurgadores de las fojas de esos expedientes, sugieren que el síndico de las ex sociedades del Grupo Petersen recurrió al conocimiento -y músculo financiero- del fondo. Insinúan algún vínculo con un importantísimo bufete corporativo de España, que también habría sido la conexión con otro resonante caso contra la Argentina en el que celebró la firma de Bogart: Aerolíneas. "Tócala de nuevo, Sam", pudo haber pensado el canadiense. La premisa de Bogart es que un juicio, siempre, es costos, tanto en tiempos como en recursos. En consecuencia, su negocio es aportar el dinero necesario para llevar adelante el proceso. Como contraprestación, recibe una parte del reclamo. Burford, explicaron tiempo atrás fuentes de la firma a este cronista, elige todas sus inversiones bajo la misma base: provee el capital que haga falta para que los reclamos tengan, a su entender, argumentos sólidos y un monto demandado económicamente atractivo. "Salvo por nuestra especialización en asuntos legales, no somos muy distintos a otras entidades financieras", puntualizan. Una aclaración clave: Burford, nunca, pasa a ser dueño de las empresas. "Simplemente, provee el financiamiento para que procedan. Sin ese capital, tal vez, los demandantes no tendrían otra forma de iniciarlos", subrayan. Generalmente, sólo interviene por pedido del reclamante y con aprobación del juez interviniente. Asegura que, luego, tiene una actitud absolutamente pasiva durante el pleito, sin participación alguna en la estrategia legal. "Somos proveedores de capital para el sector legal", definió Bogart en cada una de sus apariciones públicas. En seminarios, explicó que su modelo cierra para las empresas porque, además del financiamiento, les limpia de sus balances los costos y las contingencias legales. "Cuando perdemos un caso, perdemos todo el dinero que invertimos en él", reconoció. Por supuesto, ese riesgo es la otra cara de la moneda de los altos retornos que registra. Entre fines de 2016 y el primer semestre de 2017, el fondo le vendió a un comprador no identificado el 25% de su interés en el juicio de Petersen. Cobró u$s 106 millones. Al 31 de diciembre de 2017, declaró haber invertido un total de u$s 17 millones en ese reclamo. A mediados de 2019, vendió otro 10% en el mercado secundario, lo que, junto con algunas otras transacciones previas, redujo su share en la demanda al 61,25%. El precio de ese 10% fue de u$s 100 millones, un valor implícito del reclamo de u$s 1000 millones en ese momento. Hasta entonces, llevaba recaudados u$s 236 millones en operaciones relacionadas con las ventas de "Petersen". A esa altura, Burford había sumado un segundo "cliente" para reclamar por la expropiación de YPF y dejar de llamar "Petersen" al asunto: Eton Park. Es el fondo de inversión que, en 2006, acordó comprarle a Petrobras la parte que la brasileña estaba obligada a vender en Transener. Con el argumento de que el transporte eléctrico era un sector demasiado estratégico para que hubiera un fondo de inversión extranjero -lo que forzó a piruetas semánticas de firmas locales que desembarcaban en esos mismos días en el sector energético-, Julio De Vido vetó la operación y entendió que era más beneficioso para el país el ingreso de Electroingeniería. La cara de Eton era Dirk Donath, ex socio en Farmacity y Pegasus de Mario Quintana, integrante del dúo "ojos e inteligencia" de la Jefatura de Gabinete durante la administración de Mauricio Macri. Burford se comprometió a conservar, siempre, al menos el 50,1% de los derechos del reclamo de Petersen. La venta de u$s 100 millones fue a 11 inversores institucionales. En total, a ese momento, contabilizó 40 financistas (del mismo perfil) participando en el caso. YPF es el destino final de un viaje que hizo escala en Aerolíneas Argentinas. A mediados de 2017, Teinver, la sociedad del grupo español Marsans al que el Gobierno le expropió la empresa en 2008, tuvo un laudo a favor en el Ciadi, el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial. Un reclamo en el que Burford declaró haber invertido u$s 13 millones. El laudo condenó a la República Argentina a pagar u$s 325 millones. En marzo de 2018, Burford anunció la venta -también, en el mercado secundario; otra vez, a un comprador no identificado- de ese reclamo, en u$s 107 millones. Es decir, obtuvo una ganancia de u$s 94,2 millones: 736% de retorno sobre el capital invertido. "Somos proveedores de capital. Tomamos una actitud pasiva en un litigio. No participamos de él", insiste Bogart en sus disertaciones. "Muchos acuerdos de litigios judiciales producen buenos retornos. Pero los mejores vienen de los casos que van a corte y ganamos", reconoció. En un juicio, razona, sólo hay tres posibilidades: ganar, perder o acordar. "No importa cuán fundamentado esté, cuán seguro uno esté de ganar, el riesgo entre ganar y perder un caso es 50-50 , afirmó. Sin embargo, el todo o nada no termina siendo el desenlace habitual. "El acuerdo es lo más común. Lo vemos todo el tiempo: más del 90% de los litigios termina acordándose", reconoció. No fue el caso de YPF. El viernes, ni bien se conoció el fallo en Nueva York, las acciones de Burford se catapultaron por encima del 50%, a más de u$s 11. Eso le da una capitalización de mercado cercana a los u$s 2500 millones. El fondo, no obstante, sólo informó que hubo sentencia sobre el asunto y que más precisiones serían comunicadas a futuro. ¿Cuánto podría embolsar? "Por YPF, la Argentina acordó con Repsol una indemnización de u$s 5000 millones por una participaciíon accionaria cercana a la mitad del interés que Petersen tenía en la misma compañía", respondieron a este diario años atrás, cuando el caso ya ingresaba en la recta final. En abril de 2012, el Gobierno de Cristina Fernández le expropió a Repsol el 51% de las acciones de YPF. Al momento del acuerdo, a inicios de 2014, la española conservaba el 12%.Antes, y entonces, las quebradas sociedades ibéricas de Petersen -de las que los Eskenazi, siempre, se esmeraron en aclarar que están desvinculados- tenían el 25 por ciento.

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Juan Manuel Compte

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