A última hora del martes, Molinos Agro y Louis Dreyfus, las compañías que pujaban por quedarse con Vicentin durante el proceso de salvataje, confirmaron que abandonaron definitivamente esa disputa, en un movimiento que le deja el camino allanado a Mariano Grassi, hoy al frente de la compañía.
En diciembre pasado, luego de la homologación del acuerdo por parte de la Justicia de Santa Fe -lo que en los hechos implicó la transferencia del control de la compañía a Grassi- ambas empresas apelaron la resolución del juez, Fabián Lorenzini, alegando que el fallo les generaba “un perjuicio irreparable”. Allí, también cuestionaron el accionar de Lorenzini y lo acusaron de inconsistencias en el dictamen.
“Se decidió cerrar el tema y desistir de la apelación que se hizo en la Justicia. Se pasó la página y se sigue adelante, después de un proceso que fue largo. De alguna manera, las empresas buscarán dialogar nuevamente”, dijeron fuentes con conocimiento del caso a El Cronista.
La alianza de la empresa agrícola de la familia Perez Companc y la firma francesa prometía la continuidad operativa y negaba el desguace de la firma. En ese sentido, estimaban un desembolso cercano a los u$s 70 millones para poner la estructura de Vicentin en funcionamiento y volverla competitiva.
La propuesta para quedarse con el control de la empresa contemplaba el pago inmediato del 80% de la deuda a los acreedores, así como la posibilidad de recuperar el 90% del crédito en tres años.
El repliegue de las empresas ocurre en un momento en el que Grassi ya consolidó el manejo operativo de la cerealera y avanza con la reestructuración del grupo. Con la apelación fuera de escena, el empresario gana margen para continuar estabilizando la operatoria y encarar la nueva etapa de la firma sin uno de los principales frentes judiciales abiertos.
De hecho, a comienzos de este año, la agroexportadora puso en marcha el esquema de pagos previsto en el acuerdo concursal. Hasta ahora, ya les pagó a casi 800 acreedores, sobre un total de 1722.
Actualmente, tanto la planta de Ricardone como la de San Lorenzo, están operativas en su máxima capacidad productiva. Mientras que la primera procesa alrededor de 90.000 toneladas mensuales de girasol y sus subproductos, la segunda cuenta con dos líneas de soja de 10.000 y 6000 toneladas diarias.
En lo que respecta al Nodo Norte -el conjunto de plantas y unidades vinculadas a la industrialización de granos y producción de bioetanol- la firma se encuentra normalizando la producción y trabajando en proyectos que apuntan a maximizar la capacidad.
La puja por Vicentin
La crisis de Vicentin comenzó a fines de 2019, cuando la agroexportadora anunció el cese de pagos y declaró un default por más de u$s 1300 millones. Meses después, en febrero de 2020, la compañía solicitó la apertura del concurso preventivo de acreedores en la Justicia de Santa Fe.
A partir de entonces, el expediente atravesó años de disputas judiciales, cambios de estrategia y negociaciones entre acreedores, empresas del sector y potenciales inversores interesados en quedarse con el control de la cerealera. En paralelo, el caso también derivó en investigaciones penales sobre el manejo de la compañía previo al default.
Ya hacia su final, el proceso concursal derivó en un cramdown (salvataje), lo que habilitó a terceros a presentar propuestas para hacerse cargo de la compañía si la propuesta de pago presentada por la propia empresa no era homologada.
En la última etapa del proceso, participaron varios grupos interesados en salvar la agroexportadora. Por un lado, la propuesta de Grassi, con el respaldo de Commodities y alianzas con Cargill y, por el otro, la propuesta presentada por la alianza Molinos Agro y Louis Dreyfus Company.
Finalmente, la Justicia de Santa Fe homologó la propuesta que presentó Grassi en el concurso preventivo de la cerealera y rechazó todas las impugnaciones en su contra.