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La cantidad de empresas que recurrieron al concurso preventivo para intentar reordenar sus deudas aumentó significativamente en los últimos años. En 2025 se abrieron 190 concursos preventivos en la Ciudad de Buenos Aires, frente a 82 registrados en 2023, lo que representa un salto de 131,7 por ciento.
El dato surge de un relevamiento elaborado por Industriales Pymes Argentinos (IPA) en base a información de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires. La tendencia se profundizó en el inicio de 2026: solo entre febrero y abril ya se registraron 92 procesos concursales, advirtió el estudio.
Con esos números, IPA estimó que este año podrían superarse los niveles alcanzados durante la pandemia, periodo en el que se contabilizaron 106 concursos preventivos. En ese sentido, las cifras exponen que tan solo en el primer trimestre judicial se abrieron más concursos preventivos que los registrados entre 2021 y 2024 respecto de cada año.
“El daño al entramado productivo es mucho peor de lo que se preveía. Estos son solo datos de Capital Federal, pero falta medir lo que ocurre en el resto del país”, afirmó Daniel Rosato, presidente de IPA. La entidad vinculó el incremento de empresas en concurso con el deterioro de la actividad industrial, la caída del consumo y las dificultades para sostener capital de trabajo en un contexto de alta presión financiera.
En paralelo, IPA aseguró que entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas en el país. Según el informe, ese proceso también tuvo impacto sobre el empleo: más de 327.000 trabajadores dejaron de contar con cobertura del sistema de riesgos del trabajo.
El relevamiento además advirtió sobre un proceso de desinversión y reconversión empresarial. “Importantes firmas multinacionales abandonaron el país, mientras otras empresas locales se reconvierten en importadores para adaptarse al esquema de dólar barato y apertura económica”, señaló Germán Pizzano, titular del Departamento de Legales de IPA.
Los casos más resonantes de los últimos meses
Tal como recoge la Ley de Concursos y Quiebras (Ley N° 24522), el concurso preventivo es una herramienta legal que permite a las firmas negociar sus deudas bajo supervisión judicial, con el objetivo de reestructurar pasivos y evitar la quiebra.
Tal es el caso de Goldmund, la compañía detrás de la marca Peabody, que solicitó la apertura de su concurso preventivo en marzo para ordenar sus compromisos financieros. La apertura del proceso expuso un pasivo superior a los $40.000 millones y una nómina de más de 400 acreedores. La deuda total asciende a $ 40.304 millones, con un componente central de más de $ 24.400 millones en compromisos comerciales, tanto con proveedores locales como del exterior.
La histórica textil santafesina Emilio Alal S.A., con más de un siglo de trayectoria en el norte del país, también abrió su concurso preventivo en marzo de este año, en medio de una profunda crisis que incluyó el cierre de su división industrial y despidos masivos. La actividad de la empresa se frenó a fines de febrero, cuando la firma bajó las persianas de sus plantas productivas de hilados y telas en Goya, Corrientes; y su unidad de hilados en Villa Ángela, Chaco.
En febrero, Hilado SA, propiedad de TN Platex, uno de los grupos textiles más importantes del país, pidió la apertura de su concurso preventivo. Atribuyó su crisis a “la caída del consumo interno, la apertura de importaciones y la desregulación de ventas por plataformas digitales extranjeras”.
En lo que respecta al año pasado, los casos más resonantes debido al lugar que ocupan en el entramado industrial local fueron Los Grobo Agropecuaria y su controlada Agrofina, SanCor, Norton y Celulosa Argentina.