La pelea por el futuro de Vicentin vuelve a encenderse. Ahora, Mariano Grassi, uno de los dos interesados en quedarse con la compañía, presentó ante el Juez Lorenzini su respuesta a las impugnaciones que realizaron sus contrincantes, Molinos y LDC. Además, defendió las mayorías que obtuvo su propuesta en el cramdown.
El empresario consideró que su triunfo es “indiscutible”, en base a lo que establece la Ley de Concursos y Quiebras.
En el escrito de más de 40 páginas, la empresa pormenorizó que su propuesta alcanzó las mayorías legales y que comunicó sus resultados antes que cualquier otro oferente, por lo cual —según el artículo 48 de la Ley— se constituye en “oferente vencedor”. Para Grassi, la etapa competitiva ya está terminada.
El documento también afirma que el proceso se encuentra ante una instancia binaria. Esto se traduce, según el propio documento, en “homologación o quiebra”. Grassi remarcó que no corresponde reabrir debates sobre requisitos formales, ni revisar el conteo de votos con planteos que, según argumenta, fueron presentados fuera de plazo.
No obstante, el punto más tenso aparece en las acusaciones contra Molinos y LDC, la propuesta contra la que compite por el control de la cerealera concursada. Grassi señaló que la alianza de las agroexportadoras intentó excluir votos de distintos acreedores —entre ellos, empresas vinculadas al propio grupo— y sostuvo que esa estrategia busca alterar el resultado del cramdown. Según el documento, esas impugnaciones “no tienen sustento” porque las restricciones que existían en el concurso preventivo no aplican en esta etapa.
En una presentación que realizaron MOA y LDC en la Justicia hace más de un mes, las empresas hicieron referencia al momento en el que empresario Esteban Nofal, principal impulsor de la oferta rival junto al grupo Grassi, compró la deuda de Vicentin con bancos internacionales y solicitaron su exclusión del cómputo de las mayorías que exige la Ley de Concursos y Quiebras para aprobar el salvataje (dos tercios del capital adeudado).
"Los fondos con los que Avir South adquirió sus créditos (equivalentes al 37% del pasivo computable de Vicentin) provinieron de Soripel S.A., una sociedad uruguaya controlada por Esteban Nofal, presidente de Cima y apoderado de Avir South. Soripel, a su vez, recibió esos fondos de tres compañías ligadas con la familia Grassi. Entre ellas, Scarlett Sunset Ltd., una sociedad basada en Bahamas, la rosarina Comfi S.A, cuyos directores son socios del estudio jurídico Casanova-que asesora a Grassi-, y de Invergrain Corp. (sociedad de las Islas Vírgenes Británicas), presumiblemente vinculada a Cima". Solo resta la definición del Juez respecto a este reclamo.
Además, Grassi argumentó que las objeciones de sus competidores son contradictorias. Por un lado, aseguró que Molinos y LDC utilizaron criterios similares en votos propios y que, ahora, cuestionan esa misma lógica. Por el otro, rechazó que la propuesta fuera abusiva -la principal crítica de las empresas contrarias- y señaló que el nivel de adhesión logrado por la oferta es evidencia suficiente de su razonabilidad.
En este contexto, Grassi pidió al juzgado que no se abra una etapa probatoria y que resuelva con la documentación presentada. Su visión es que las impugnaciones deben rechazarse y el acuerdo, homologarse sin más dilación. “Es hora de cerrar este proceso y avanzar”, planteó el empresario ante la Justicia.
Entonces, si bien las votaciones ya están cerradas y en manos de la Justicia, aún resta por saber la posición del Juez respecto a todos los pedidos de impugnaciones -también hicieron lo propio Molinos y LDC-. En los hechos, la cerealera no tendrá nuevos dueños hasta, por lo menos, mediados del año que viene.
Cabe destacar que Vicentin está blindada hasta el año que viene, por lo que su continuidad operativa -opera a fasón- y los puestos de los casi 1000 trabajadores que forman parte de la empresa, están garantizados. Sin embargo, la resolución del conflicto y el nuevo dueño no llegará hasta mediados del año que viene, según comentaron fuentes con conocimiento sobre el caso a El Cronista.