La fabricante de neumáticos FATE acatará la conciliación obligatoria que dictó el Gobierno tras el anuncio de su cierre e informó que reabrirá la planta mientras dure la medida, “una vez verificadas las condiciones técnicas y de seguridad”.
La empresa hizo esta aclaración porque la fábrica, ubicada en Virreyes, San Fernando, está tomada desde ayer por una decena de operarios y dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). Entre ellos, su secretario general, Alejandro Crespo.
“FATE S.A.I.C.I. comunica que, una vez verificadas las condiciones técnicas y de seguridad imprescindibles en la planta industrial, la empresa -como siempre en su historia- hará efectivos los términos de la conciliación obligatoria dispuesta por las autoridades”, dice el comunicado de prensa de la compañía.
El miércoles, FATE, fundada en 1940 y una de las tres fábricas de neumáticos que continuaban activas en el país, anunció su cierre definitivo. La decisión implicó la desvinculación del total de sus 920 empleados, a quienes les pagaría completamente sus correspondientes indemnizaciones. La empresa, además, decidió cancelar todos sus pasivos comerciales, administrativos, financieros y bancarios.
Por el impacto y los efectos que tuvo la noticia -en un contexto, además, en que la Cámara de Diputados debate la aprobación de una reforma laboral-, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria, razón por la cual FATE todavía no había depositado los fondos para pagar las indemnizaciones.
“Produciremos lo que se pueda, con los insumos que haya. Después, veremos qué tareas les encontraremos al personal”, explican fuentes cercanas a la empresa.
FATE llegó a esta situación después de acumular prácticamente una década de adversidad. Alguna vez mayor fabricante de neumáticos del país, en 2019, tuvo su primer procedimiento preventivo de crisis (PPC), tras acumular tres balances consecutivos negativos. Ese año, los accionistas -entre ellos, el principal, Javier Madanes Quintanilla, nieto del fundador- hicieron un aporte irrevocable en efectivo por casi $ 2000 millones, equivalentes en ese momento a u$s 45 millones, para más que duplicar el capital social.
Con más presencia en el mercado de reposición (aftermarket) que de provisión directa a equipo original (automotrices), la mayor apertura comercial que tuvo el gobierno de Mauricio Macri había sido un primer golpe. Al menos, en el tercio de su producción que iba al mercado local. Los otros dos tercios se exportaban, principalmente, a Europa y los Estados Unidos. Pero los lastres operativos de producir en la Argentina, potenciados por un restrictivo convenio laboral, minaron su competitividad exportadora.
En ese PPC, FATE redujo un cuarto de su plantel, que rondaba las 2000 personas. La competitividad exportadora no mejoró durante el gobierno de Alberto Fernández. Tanto por las dificultades para pagar insumos en el exterior como por, fundamentalmente, el feroz conflicto sindical que la industria del neumático vivió cinco meses, entre mayo y octubre de 2022.
La paz lograda en ese momento, además de costosa para las empresas en términos de gasto laboral, resultó corta. El belicoso Sutna continuó haciendo continuos reclamos y paros por razones varias, desde actualización salarial, a condiciones de seguridad, higiene o facilidades para que los empleados pudieran ver el Mundial de Qatar.
En el medio, las empresas perdieron mercados de exportación, lo que las hizo depender más del mercado interno. Esta ecuación no mejoró con la llegada del gobierno de Javier Milei. La mayor competencia en el mercado interno por la llegada de neumáticos importados, sumada a la fuerte caída del consumo doméstico durante el primer tramo de gestión libertaria, fue la estocada final para FATE.
En 2024, pidió un nuevo proceso de crisis. Ya había negociado la salida de 300 personas. En noviembre último, se le solicitó al Gobierno la tramitación del tercer PPC. Durante el verano, FATE siguió firmando retiros voluntarios con su personal, mientras la planta languidecía, tanto porque ya operaba debajo del 30% de su capacidad como por un nuevo plan de medidas de fuerza que había activado el Sutna en reclamo de paritarias.
Financieramente, el aire que habían dado los u$s 45 millones de 2019 ya se había agotado, absorbido por los malos resultados económicos. El viernes de la semana pasada, los accionistas debían decidir si ponían un nuevo parche, de otros u$s 45 millones. La alternativa, el cierre.
Ahora, se abre un paréntesis de 15 días hasta que se cumpla la conciliación obligatoria, si el Gobierno no la renueva. Del lado de la empresa, la decisión está definitivamente tomada.