Ayer, sesionó la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura para conocer las declaraciones juradas del juez federal Luis Rodríguez. Se trata del magistrado que había sido acusado de haber cobrado sobornos, por la viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
Durante la reunión que se llevó adelante ayer por la mañana, de la que participaron el secretario de la comisión, junto con representantes de cada una de las vocalías de los consejeros, se hizo la apertura al sobre lacrado con los anexos reservados que contienen los datos del magistrado.
Entre los documentos, se conoció su declaración impositiva de Ganancias, así como también datos vinculados a sus cuentas bancarias, inmuebles y otros bienes registrables.
Según pudo saber El Cronista, una vez analizada la información, no se encontró "ningún gasto exorbitante" por parte del juez, entre los datos con hechos con tarjetas.
En cuanto a su declaración jurada reservada, según aseguraron, la "única" diferencia con la declaración pública fue un departamento donado a su esposa, Silvia Arcos Valcarcel.
Aunque, en este sentido, según aclararon fuentes de la comisión, este dato "debería salir" en el registro de la propiedad inmueble.
Por esta reunión, el magistrado había sido notificado la semana pasada, por si quería estar presente en la apertura de sobres y había respondido rechazando la invitación.
Al listado de las medidas de prueba que había impulsado el consejero y miembro informante en el marco de la investigación del juez, Diego Molea, en los últimos días había sumado una nueva de medida de prueba.
Según pudo conocer este medio, se trata de la solicitud de una copia certificada de toda declaración prestada en el marco de la causa 9608/18, conocida como la de "los cuadernos de las coimas", junto con sus incidentes, anexos o causas conexas en que se encuentre mencionado el magistrado.
Rodríguez es el juez al que apuntó la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, cuando dijo haber declarado ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, y ante el juez Claudio Bonadio, que quien fue secretario de Néstor Kirchner le pagó dinero al letrado para que frenara una investigación en su contra.
La viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, había afirmado, en el macro de la causa de los cuadernos de las coimas, que su marido le había pagado u$s 10 millones al juez Rodríguez por medio de su abogado Miguel ngel Pló, quien actualmente permanece detenido, para que los favoreciera en la investigación por lavado de dinero.
En septiembre, el fiscal Carlos Stornelli había solicitado las indagatorias, las detenciones y el congelamiento de las cuentas de Pochetti y de un grupo de personas del círculo de Muñoz, que podría haber participado en las maniobras de lavado de dinero, pero Rodríguez no había dado lugar al pedido del fiscal.
El magistrado acumulaba cinco expedientes en su contra en el Consejo de la Magistratura. Dos de ellos responden a una denuncia y luego una ampliación de la misma por parte de legisladores de la Coalición Cívica.
Quien también había hecho una denuncia seguida de una ampliación fue el abogado Ricardo Monner Sans. A la que finalmente se le sumó la denuncia del presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera.
