La decisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) de frenar la propuesta para modificar las reglas aplicables a las redes de medios de disposición no representó una marcha atrás, sino una oportunidad para construir una regulación más sólida y consensuada, aseguró Álvaro Vértiz, socio director de DGA Group para Latinoamérica y el Caribe. De acuerdo con el documento publicado en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la CNBV solicitó la baja del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) del proyecto denominado “Disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición”, elaborado de manera conjunta con Banxico y presentado el 24 de octubre de 2025 ante la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). En el oficio se precisó que, dada la relevancia de la propuesta y su potencial impacto en el sistema de pagos y en el fomento del uso de tarjetas, se determinó realizar un análisis “exhaustivo y profundo del mercado”, con el fin de diseñar un instrumento jurídico que genere mejores condiciones para los participantes y beneficie a los usuarios. Las autoridades dejaron a salvo el derecho de presentar una nueva solicitud. La iniciativa incluía, entre otros puntos, la posibilidad de disminuir las cuotas de intercambio (CI), es decir, las comisiones que el banco adquirente paga al banco emisor por cada transacción con tarjeta de crédito o débito, lo que implicaba menores ingresos para los bancos, especialmente los de mayor tamaño. Para Vértiz, la lectura simplista sería interpretar la baja del AIR como un fracaso regulatorio, pero el trasfondo fue distinto. “No es que se eche para atrás y nos olvidamos de todo. El hecho de que tiene que haber y que habrá modificaciones a la regulación de redes de pago es un tema que todos tienen presente, tanto autoridades como el sector privado”, afirmó. El especialista explicó que la magnitud del tema generó alrededor de 46 opiniones formales, además de múltiples conversaciones técnicas, centradas en cómo eliminar barreras de entrada señaladas desde 2023 e integrar a más comercios, particularmente micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), al sistema de pagos. A su juicio, no estaba claro que la fijación de precios en las cuotas de intercambio fuera la vía más eficaz para fomentar competencia. “No necesariamente a través de la fijación de precios en las cuotas de intercambio se iba a tener el resultado esperado”, advirtió. Por ello, consideró sensato que la autoridad optara por pausar el proceso y procesar los comentarios antes de emitir una regulación con posibles efectos contraproducentes. “Estamos mucho mejor diciendo: vamos a reflexionar y verlo con calma para no regarla, que salir con una regulación que puede hacer mucho daño”, sostuvo. Mientras no se presenten nuevas disposiciones, bancos, neobancos, fintech y Sociedades Financieras Populares (Sofipos) continuarán operando bajo el marco actual. Sin embargo, Vértiz reconoció que éste no es el escenario ideal, ya que persisten barreras de entrada y retos de integración de comercios al ecosistema de pagos. Subrayó que uno de los puntos clave en la nueva etapa será diferenciar entre modelos de negocio. “No es lo mismo un negocio B2C que un negocio B2B; no todos los que tienen ingresos por cuotas de intercambio participan del mismo problema. Se necesita identificar qué negocios forman parte de la problemática que la regulación está tratando de corregir”, explicó. En su opinión, el objetivo debe ser generar condiciones equitativas para competir, de modo que nuevos participantes puedan innovar y ofrecer mejores servicios a comercios y usuarios, sin anclar el mercado únicamente a los jugadores de mayor tamaño. El replanteamiento de las redes de medios de disposición también ocurre en un contexto más amplio, donde la Ley Fintech de 2018 enfrenta cuestionamientos por su rezago frente al avance tecnológico. “Se volvió muy vieja muy rápido. El reto para la autoridad será entender dónde estamos parados y hasta dónde está tendiendo la innovación: inteligencia artificial en toma de decisiones, Fintech as a Service, Banking as a Service, Open Finance”, señaló. Para Vértiz, tanto la revisión de la regulación de pagos como una eventual actualización del marco fintech deberán responder a un entorno dinámico, evitando que un diseño inadecuado limite el crecimiento y la evolución del sector financiero digital. Así, el freno a la propuesta no marcó un cierre del debate, sino el inicio de una nueva etapa de reflexión en uno de los temas más sensibles para el futuro del sistema de pagos en México.